Ciudad de México.- Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán los responsables de analizar el proyecto que dejó pendiente Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el cual se propone acatar de manera íntegra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa. El documento, que circuló desde principios de año entre los integrantes del Pleno, no llegó a ser discutido antes de la salida del ministro.
El proyecto revisa la condena emitida contra México en el litigio García Rodríguez y otro vs. México, subrayando que las resoluciones internacionales aceptadas por el Estado son obligatorias para todas las autoridades nacionales. En su contenido se plantea que los jueces evalúen de oficio la aplicación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, descartándolas en caso de que impliquen violaciones a derechos humanos, aun cuando estas figuras estén contempladas en la Constitución. También se incluyen lineamientos para reforzar la atención a casos con sospecha de tortura, aplicando estándares internacionales.
La discusión quedó aplazada hasta septiembre, cuando los nuevos ministros asuman funciones y definan el rumbo del proyecto. De los nueve integrantes que analizarán el caso, seis son identificados como cercanos al gobierno actual, lo que podría derivar en la elaboración de un nuevo planteamiento en caso de que no se respalden los criterios propuestos por Pardo.
