Durante años hemos hablado de mejorar la educación. Hemos discutido planes de estudio, pedagogías, tecnología y evaluaciones. Sin embargo, pocas veces nos hemos detenido a pensar en algo fundamental: ¿quién cuida a quienes tienen la responsabilidad de educar a nuestras hijas e hijos?
Hoy miles de maestras y maestros enfrentan una realidad cada vez más compleja. Al desafío de enseñar en el aula se suman, muchas veces, las faltas de respeto, el hostigamiento laboral, ausencia de respaldo institucional y hasta amenazas. Todo esto ha llegado a producir estrés crónico y un tremendo desgaste emocional, entre miembros del magisterio. Son situaciones que no solo afectan su bienestar, sino también la calidad de la educación que reciben nuestras niñas, niños y jóvenes.
Por ello presenté una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación de Coahuila y reconocer, por primera vez, la salud mental y el bienestar emocional del personal docente como condiciones indispensables para ejercer dignamente su labor. La propuesta establece programas, acciones y protocolos permanentes de atención psicológica, mecanismos de prevención, detección y rutas claras de acompañamiento para quienes atraviesen situaciones de riesgo.
Esta no es una reforma para crear más burocracia. Es una reforma para movilizar los esfuerzos y recursos para proteger personas. Porque detrás de cada salón de clases hay mujeres y hombres que dedican su vida a formar ciudadanos, construir oportunidades y sostener el futuro de nuestro estado.
Los retos que enfrenta hoy el sistema educativo mexicano y coahuilense exigen maestras y maestros fortalecidos, acompañados y respetados. Como sociedad tenemos la responsabilidad de mejorar sus condiciones de trabajo y proteger su integridad física y emocional. Cuidar a quienes enseñan no es un privilegio ni una concesión; es una obligación y una inversión en el futuro de Coahuila.
Si queremos mejores escuelas, debemos empezar por cuidar mejor a quienes las hacen posibles todos los días.
