Saltillo.- Liliana “N”, señalada como imputada en el caso de Rocky, el perro que fue arrastrado por una camioneta en un fraccionamiento del norte de Saltillo, permanecerá en prisión preventiva justificada por determinación de una jueza de control.

La resolución fue emitida por Elisa Salinas López al concluir la audiencia inicial, desarrollada entre las 19:30 y las 22:33 horas, luego de analizar los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa.

Aunque durante la diligencia la representación legal de la imputada solicitó que la medida cautelar se cumpliera en un hospital psiquiátrico estatal, la juzgadora rechazó esa petición al considerar que el caso no reúne los requisitos previstos en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los abogados defensores sostuvieron que Liliana “N” presenta diversos trastornos mentales y, para respaldar esa afirmación, compareció el psiquiatra Christian Arellano, quien declaró que la mujer presenta desequilibrios de la personalidad y actualmente recibe tratamiento con medicamentos psiquiátricos.

Pese a ello, la autoridad judicial determinó que la imputada deberá permanecer en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, donde además ordenó que reciba atención especializada y seguimiento a su estado de salud mental.

La decisión de imponer la prisión preventiva no obedeció al riesgo de que la mujer abandonara la ciudad, sino a la posibilidad de que hubiera interferido en la investigación. De acuerdo con la jueza, existen indicios de que presuntamente fueron alterados elementos relacionados con los hechos.

Entre ellos, destacó el supuesto intento de limpiar el lugar donde el perro dejó manchas de sangre tras las lesiones sufridas por el arrastre. Además, se tomó en consideración que la camioneta presuntamente utilizada fue localizada posteriormente en un municipio cercano a Saltillo, circunstancia que, a criterio de la juzgadora, podría interpretarse como un intento de ocultar evidencia.

Durante la audiencia también declaró Jorge Aburto, esposo de la imputada, quien afirmó que ambos han vivido alrededor de 16 años en Saltillo, con el propósito de acreditar el arraigo de Liliana “N” y desvirtuar un posible riesgo de fuga.

Por su parte, el Ministerio Público expuso que la mujer conserva una identificación oficial expedida en 2017 con domicilio en la Ciudad de México y que dicho documento no ha sido actualizado, argumento que inicialmente utilizó para sostener la posibilidad de que abandonara la entidad.

En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó seis meses para concluir la investigación complementaria, al señalar que aún quedan pendientes entrevistas, dictámenes periciales y otras diligencias. Sin embargo, la jueza estimó que ese plazo era excesivo y fijó tres meses para el cierre de esa etapa del proceso