En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano eliminar el arraigo y reformar la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la izquierda mexicana —la misma que amplió las facultades de las fuerzas armadas y transformó la Guardia Nacional en una institución de mando militar— ha presentado otra iniciativa más de reforma. A solo 38 días de haber asumido el poder, propone aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo ahora delitos fiscales.

En un país donde en 2023, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 44.3 por ciento (38 mil 533 personas) está en prisión preventiva oficiosa sin haber recibido una sentencia. Según la ley, esta medida no puede superar los dos años, salvo cuando el imputado ejerce su derecho a la defensa. Si después de este periodo no se dicta sentencia, la persona debe ser liberada, permitiendo que el proceso continúe con nuevas medidas cautelares.

Esto refleja una situación alarmante, ya que, en un país tan desigual, el acceso a la justicia no está al alcance de todos. La prisión preventiva oficiosa, lejos de ser una medida excepcional, se ha convertido en una norma que afecta principalmente a los más vulnerables, quienes no tienen los recursos para defenderse adecuadamente. En lugar de enfocarse en la prevención del delito y la justicia social, el sistema de justicia mexicano opta por el castigo inmediato, sin garantizar el derecho a un juicio justo y sin tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas.

¿Atender las causas? ¿Prevención de delito? ¿Recuperar el tejido social?

No… parece que estos conceptos quedan el aire y la solución más fácil es resolver problemas sociales o de seguridad mediante el endurecimiento de las penas y castigos. El sistema penal mexicano sigue priorizando la represión sobre la rehabilitación, convirtiendo a las prisiones en depósitos de personas sin ofrecerles verdaderas oportunidades de reinserción. Mientras tanto, las causas estructurales, como la pobreza, la falta de educación y la violencia sistémica, siguen sin abordarse, perpetuando un ciclo que es difícil de romper.

La verdadera solución no está en más castigo, sino en fortalecer las políticas públicas que promuevan la equidad, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.

P.D: Todas mis opiniones son a título personal y no representan postura alguna de mi cargo público.

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