Ciudad de México.- Ante el imparable avance de los drones tanto en nuestro país como en todo el mundo, Adrián Acosta, vicepresidente del Grupo de Trabajo de las Américas de Interpol, resalta la urgencia de revisar y armonizar la legislación existente en la región. En palabras de Acosta, estos artefactos aéreos de fácil acceso están transformando diversas operaciones, siendo más económicos y menos riesgosos que alternativas como aviones o helicópteros, lo que amplía su uso potencial en áreas como agricultura, seguridad e incluso espionaje y guerra.
El experto en seguridad señala que la versatilidad y accesibilidad de los drones representan un desafío y una oportunidad en términos económicos y de seguridad. Mientras que su pequeño tamaño les permite acceder a lugares inaccesibles para aeronaves tradicionales, también los hace propensos a ser utilizados en actividades ilícitas como el espionaje o el crimen organizado. Ante esta realidad, Acosta hace un llamado a las autoridades de la región para implementar campañas de prevención y concientización, así como fomentar la formación de especialistas en universidades.
El conflicto reciente entre Israel e Irán, donde se utilizaron drones lanzadores de explosivos, pone de manifiesto la creciente importancia de estos dispositivos en contextos bélicos. Según un informe de Mordor Intelligence, el mercado mundial de drones se estima en 35 mil millones de dólares en 2024, con un potencial de crecimiento exponencial en los próximos años. Esta tendencia se ve respaldada por la diversidad de usos que van desde la fotografía aérea hasta la fumigación, pero también plantea desafíos en términos de regulación y seguridad.
En eventos como Expo Seguridad México 2024, el interés en los drones ha ido en aumento, reflejando el creciente enfoque en la seguridad y la tecnología después de la pandemia. Según Acosta, esta tendencia ha impulsado la adopción de medidas de seguridad más estrictas y el crecimiento del uso de tecnologías como drones, aunque también aumenta la exposición a amenazas como el cibercrimen. En este contexto, la revisión y actualización de la legislación sobre drones se presenta como una necesidad imperativa para garantizar su uso seguro y responsable en la región.
