La reforma que reduce la jornada laboral ya fue publicada. El reto ya no es celebrarla o criticarla, sino evitar que termine ampliando la brecha entre el empleo formal y la informalidad.

Desde este martes, la reducción de la jornada laboral en México dejó de ser una propuesta política y se convirtió en una realidad constitucional. La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 123 marca el inicio formal del proceso para que el país transite hacia una jornada laboral de 40 horas semanales.

Es, sin duda, uno de los cambios más relevantes en el modelo laboral mexicano de las últimas décadas.

La discusión durante meses se centró en si México debía o no reducir la jornada. Hoy esa discusión quedó atrás. La reforma ya está en la Constitución. El verdadero debate comienza ahora: cómo implementarla sin generar efectos indeseados en un mercado laboral profundamente desigual.

Porque hay un dato que no puede ignorarse: más del 50% de los trabajadores en México están en la informalidad. Es decir, millones de personas que no tienen contrato, ni seguridad social, ni jornada regulada.

En ese contexto aparece una paradoja incómoda.

Mientras el país discute cómo reorganizar el trabajo formal para operar con menos horas, la mitad de los trabajadores mexicanos ya vive fuera del sistema laboral que esta reforma pretende mejorar.

La reducción de la jornada es una aspiración legítima y, en muchos casos, necesaria. México sigue siendo uno de los países donde más horas se trabajan al año entre las economías industrializadas. Sin embargo, trabajar más horas nunca ha sido garantía de mayor productividad.

El problema es que reducir horas tampoco genera automáticamente eficiencia.

Para muchas empresas —sobre todo pequeñas y medianas— esta reforma implicará reorganizar turnos, revisar procesos productivos, invertir en tecnología o ampliar plantillas laborales para mantener la misma capacidad operativa.

En regiones industriales del norte del país, donde la manufactura de exportación opera con esquemas de producción continua, el desafío será particularmente complejo. Plantas automotrices, metalmecánicas y de autopartes funcionan bajo calendarios y turnos diseñados al minuto.

Modificar ese engranaje requiere planeación, gradualidad y reglas claras.

Aquí es donde entra el siguiente capítulo de la reforma: la legislación secundaria. En los próximos meses deberán definirse los mecanismos de transición, los ajustes sectoriales y los criterios de aplicación que permitan que esta transformación ocurra sin generar distorsiones en el mercado laboral.

Porque si algo ha demostrado la historia económica mexicana es que cuando el costo de cumplir con la formalidad se vuelve demasiado alto, algunos empleadores buscan salidas fuera del sistema.

Ese es el riesgo que el país debe evitar.

La reforma a la jornada laboral puede convertirse en un avance histórico hacia un modelo de trabajo más equilibrado, con mejores condiciones de vida para millones de personas. Pero también puede terminar ampliando la brecha entre quienes tienen empleo formal y quienes sobreviven en la informalidad.

Todo dependerá de cómo se diseñe la transición.

La reforma ya está escrita en la Constitución.

Ahora empieza el trabajo más difícil: convertirla en una política laboral viable para un país que aún tiene enormes desafíos en productividad, competitividad e inclusión laboral.