Ciudad de México.- La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, ha criticado la reciente iniciativa de reforma judicial propuesta por el Gobierno mexicano, señalando que en lugar de mitigar los riesgos de corrupción, los amplifica. La propuesta busca que todos los jueces, así como el tribunal disciplinario encargado de su supervisión, sean elegidos por voto popular, una medida que Satterthwaite considera que podría permitir que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los méritos objetivos en el proceso de selección.
En una carta dirigida al Gobierno mexicano desde Ginebra, Satterthwaite expresó su preocupación de que la reforma podría intensificar la desconfianza hacia los procesos de selección judicial en un contexto marcado por acusaciones de corrupción y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil. La relatora también cuestionó la falta de mecanismos independientes para verificar los requisitos de formación y aptitud de los candidatos, señalando que esta responsabilidad recaería en el Senado, un órgano político, sin establecer un umbral mínimo de votación popular.
Además, Satterthwaite criticó la propuesta de remover a casi 1,800 jueces y magistrados federales para reemplazarlos por jueces electos popularmente, así como la reducción de salarios del personal judicial y la alineación de los períodos de los jueces con los plazos sexenales. La relatora advirtió que estos cambios podrían resultar en una judicialización influenciada por la política partidista, en lugar de basarse en la competencia y la integridad. También expresó preocupación por los criterios vagos propuestos para la sanción de jueces por parte del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que podría ir en contra de los estándares internacionales.
