La justicia pocas veces se percibe como un proceso en movimiento. Con frecuencia se le observa únicamente a través de sentencias, cifras o expedientes. Sin embargo, existen momentos institucionales que obligan a mirar más allá del dato aislado y permiten comprender la transformación profunda de los sistemas judiciales.  

En días pasados recibí la invitación para acudir al Informe Anual de Actividades del Poder Judicial del Estado de Coahuila correspondiente al ejercicio 2025, presentado por el Magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup, junto con la inauguración de la Ciudad Judicial de Saltillo, en mi calidad de Magistrado en Retiro, y pude dar fe de que, no se trató únicamente de un ejercicio formal de rendición de cuentas ni de la apertura de un nuevo edificio. Fue, en realidad, la confirmación de una visión institucional: una justicia accesible, profesional, cercana a la ciudadanía y acorde con las exigencias de un Estado democrático que demanda certeza jurídica, respeto a los derechos humanos y eficacia en la resolución de conflictos.

Un informe que marca un punto de inflexión

El informe fue presentado en una sesión solemne celebrada en la recién inaugurada Ciudad Judicial, con la presencia del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, autoridades de los distintos poderes, operadores jurídicos y representantes sociales. El contexto no fue menor. El año 2025 representó un periodo de renovación institucional sin precedentes para el Poder Judicial de Coahuila, particularmente como respuesta estructurada a los retos derivados de la reforma judicial federal.

Más que enumerar logros, el informe delineó un cambio de modelo. Se habló de reorganización administrativa, de fortalecimiento normativo y de una lógica distinta en la prestación del servicio judicial. La justicia dejó de concebirse como un aparato rígido y distante, para asumirse como un servicio público que debe adaptarse a las necesidades reales de la sociedad.

La Ciudad Judicial: infraestructura con sentido público

Uno de los elementos más visibles y simbólicamente más potentes de esta transformación fue la inauguración de la Ciudad Judicial de Saltillo. Con una superficie cercana a los 14 mil metros cuadrados y una inversión aproximada de 347 millones de pesos, el complejo concentra en un solo espacio juzgados civiles, familiares, mercantiles y laborales, así como la Defensoría Pública, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el Centro de Evaluación Psicosocial, áreas de atención ciudadana y el archivo general.

Este modelo de concentración responde a una necesidad histórica: superar la dispersión de oficinas judiciales que durante años generó traslados innecesarios, retrasos procesales y costos adicionales para los usuarios del sistema. Al albergar a cerca de 800 servidores públicos y atender una afluencia estimada de más de mil personas diariamente, la Ciudad Judicial se convierte en una herramienta concreta de acceso a la justicia.

Pero su valor no es únicamente funcional. La Ciudad Judicial representa una nueva forma de concebir el espacio judicial: abierto, visible y diseñado para ofrecer una experiencia más humana y digna a quienes acuden en busca de justicia, especialmente en materias sensibles como la familiar y la civil.
Resultados institucionales y modernización normativa.

El informe presentado por el Magistrado Presidente destacó avances estructurales relevantes. Uno de los más significativos fue la renovación integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sustituyó un marco normativo con más de 35 años de vigencia. Esta reforma permitió la creación de nuevas instancias, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, alineadas con estándares contemporáneos de control interno, profesionalización y rendición de cuentas.

Desde una perspectiva institucional, este cambio resulta clave. La fortaleza de la justicia no depende exclusivamente del criterio individual de jueces y magistrados, sino de estructuras sólidas, reglas claras y mecanismos permanentes de evaluación y mejora. Modernizar la ley orgánica fue, en ese sentido, una decisión estratégica para garantizar independencia judicial con responsabilidad institucional.

En términos operativos, el Poder Judicial reportó una alta productividad: más de 220 mil asuntos tramitados en primera instancia y más de 23 mil en segunda instancia, con un predominio de materias mercantiles y familiares. Estas cifras reflejan no sólo la carga de trabajo, sino también la necesidad de seguir fortaleciendo capacidades institucionales para garantizar resoluciones oportunas y fundadas.

Justicia digital: tecnología al servicio de la ciudadanía

Otro eje central del informe fue el impulso decidido a la justicia digital. Durante 2025 se recibieron más de 500 mil promociones electrónicas y se multiplicaron las consultas de expedientes en línea. Este avance no debe leerse únicamente como una mejora tecnológica, sino como una política pública con impacto directo en el acceso a la justicia.

La digitalización reduce barreras geográficas, disminuye costos de traslado y optimiza tiempos de gestión tanto para ciudadanos como para profesionales del derecho. Además, permite que el sistema judicial se adapte a las dinámicas contemporáneas sin perder de vista el debido proceso, la protección de datos personales y la seguridad jurídica.

La justicia digital, bien implementada, se convierte en un instrumento de igualdad sustantiva, particularmente para personas con limitaciones económicas, de movilidad o que habitan en regiones alejadas de los centros urbanos.

Proyección presupuestal y coordinación interinstitucional

El informe también abordó la proyección presupuestal para 2026, con un monto aproximado de mil 429 millones de pesos.

Estos recursos permitirán mejorar condiciones salariales de jueces y personal técnico, concluir obras de infraestructura judicial en distintas regiones del estado y generar condiciones laborales dignas para quienes imparten justicia.

Este respaldo presupuestal fue posible gracias a una coordinación efectiva con el Poder Ejecutivo. Durante el acto, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas subrayó que Coahuila es un estado de instituciones fuertes y destacó el papel del Poder Judicial como garante de certeza jurídica y Estado de Derecho. Este reconocimiento no es anecdótico: refleja una visión compartida sobre la importancia de tribunales sólidos para el desarrollo y la estabilidad social.

Beneficios reales para la sociedad

Más allá de las cifras y los discursos, los beneficios de estas acciones son tangibles para la ciudadanía. La Ciudad Judicial ofrece un punto de atención integral; la digitalización facilita trámites; la concentración de servicios reduce tiempos y costos; y la modernización normativa fortalece la confianza en las instituciones.

Una justicia más eficiente y cercana impacta directamente en la protección de derechos fundamentales, en la resolución ágil de conflictos familiares y patrimoniales, y en la certeza jurídica necesaria para la vida social y económica del estado.

Reflexión

El Informe Anual del Poder Judicial de Coahuila y la inauguración de la Ciudad Judicial no representan un punto de llegada, sino una etapa relevante en un proceso continuo de transformación institucional. La justicia no se mide únicamente en edificios o estadísticas, sino en la capacidad real de las instituciones para responder con dignidad, eficacia y humanidad a las demandas sociales.

En Coahuila, el mensaje es claro: la justicia no se proclama, se organiza; no se promete, se ejerce. Y cuando eso ocurre, el Derecho deja de ser una abstracción y se convierte en una experiencia tangible para la ciudadanía.

Hoy no sólo se inauguró un edificio. Se inauguró una nueva forma de entender la justicia: más cercana, más moderna y más consciente de su responsabilidad social. Esa justicia no se detiene; se perfecciona. Y, sobre todo, nos pertenece a todos.