México.- El Gobierno federal ha identificado en el ISSSTE situaciones de corrupción, prácticas corruptas y actos fraudulentos que ascienden a alrededor de 88 mil millones de pesos.
De acuerdo con los resultados de una investigación sobre las gestiones financieras de los últimos 12 años, estas supuestas irregularidades involucran a ex directores del Instituto, funcionarios, figuras políticas y particulares.
Las transgresiones descubiertas abarcan un fraude de 15 mil millones de pesos, vinculado a cobros indebidos de pensiones.
Solamente en relación a este caso, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), se ha logrado llevar a juicio a 22 personas, de las cuales, ocho han sido sometidas a proceso judicial.
Los descubrimientos han resultado en la presentación de 31 denuncias ante el ministerio público federal.
En la actualidad, se está investigando a ex funcionarios por presunta asociación delictuosa, falsedad en declaraciones, falsificación de documentos y mal uso de cargos públicos.
“Lo más alarmante era que los propietarios de estas empresas eran funcionarios, políticos y testaferros”, acusó Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública.
La lista de irregularidades descubiertas abarca la escasez de medicamentos, resultado de contratos poco transparentes, apropiación ilegal en las farmacias del Instituto y descuido de las instalaciones médicas, a las cuales se les proporcionó un mantenimiento mínimo durante dos décadas.
Conforme al informe presentado, no se llevaron a cabo adquisiciones de equipos básicos durante 12 años y se disminuyó el número de médicos y enfermeras, resultando en una falta de 36 mil trabajadores de atención médica.
En lo concerniente a las pensiones, Pedro Zenteno, el director del ISSSTE, afirmó que se identificaron 100 casos anómalos en los cuales los pagos excedieron los 270 mil pesos mensuales.
Félix Medina Padilla, Procurador Fiscal, expuso la existencia de «un esquema de saqueo y defraudación» que perjudicó al ISSSTE durante las dos administraciones anteriores, por una cantidad de 15 mil millones de pesos.
“Se trata de un modelo de corrupción en el que ex empleados del instituto, en colaboración con intermediarios, abogados privados y empleados públicos de los tribunales laborales, presentaron numerosas demandas ante las juntas federales de conciliación y arbitraje en el norte del país, con el fin de obtener pensiones más elevadas y beneficios que estaban fuera de la legalidad”, acusó.
