Irán.- El sistema judicial de la República Islámica de Irán ha dictado una sentencia que ha encendido las alarmas de los organismos defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Bita Hemmati se ha convertido en la primera mujer manifestante condenada a morir en la horca en relación con el levantamiento nacional que sacudió al país a principios de este año.
Hemmati forma parte de un grupo de aproximadamente 1,600 personas que han recibido la sentencia de muerte en el último año, en medio de una estrategia de represión estatal que busca sofocar la disidencia interna tras las huelgas y movilizaciones iniciadas en diciembre pasado.
Acusaciones y juicios sumarios
De acuerdo con información proporcionada por el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) y la agencia HRANA, el régimen de Teherán imputó a Hemmati delitos graves que incluyen:
- Uso de explosivos y armas de fuego.
- Lanzamiento de objetos contundentes (bloques de hormigón) contra las fuerzas del orden.
- Alteración de la seguridad nacional y participación en concentraciones ilegales.
Presuntas «acciones operativas» financiadas por el gobierno de los Estados Unidos.
La condena no se limitó a ella. Su esposo, Mohammadreza Majid Asl, y dos vecinos identificados como Behrouz y Kourosh Zamaninezhad, también enfrentan la pena capital tras lo que defensores de derechos humanos califican como un «juicio sumario» carente de garantías legales.
Un contexto de represión masiva
Las protestas, que comenzaron con huelgas de comerciantes en Teherán a finales de diciembre de 2025, escalaron rápidamente en enero de 2026 involucrando a estudiantes y diversos sectores sociales. La respuesta del gobierno ha dejado un saldo devastador:
- Víctimas: Miles de manifestantes muertos o heridos en enfrentamientos.
- Detenciones: Decenas de miles de ciudadanos arrestados bajo cargos de «propaganda contra el régimen».
- Confiscaciones: A los condenados a muerte también se les han incautado sus propiedades y bienes personales.
