México.- En el otoño de 2021, Michoacán se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento significativo contra el crimen organizado en México. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzó una ofensiva agresiva en las fronteras con Jalisco, desplazando a miles de personas y captando la atención de medios nacionales e internacionales.
Para contrarrestar al CJNG, el Ejército mexicano colaboró con grupos criminales locales rivales. Según el informe «El laberinto de los generales: crimen y militares en México» de International Crisis Group, esta alianza de facto involucró a soldados, autoridades locales y criminales coordinando operaciones conjuntas.
Inicialmente, las Fuerzas Especiales del Ejército fueron reticentes a tomar medidas decisivas contra el CJNG por temor a ser acusados de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, tras recibir garantías de un grupo local sobre la disposición de los cuerpos en fosas clandestinas, procedieron con la ofensiva.
En enfrentamientos en Taixtán y El Terrero, las Fuerzas Especiales eliminaron a cerca de 400 combatientes del CJNG. Estas muertes no se reflejan en las estadísticas oficiales de homicidios o desapariciones. A pesar de las bajas significativas, el CJNG se reorganizó rápidamente y reanudó sus actividades, incluyendo nuevos ataques contra soldados de la Sedena.
A pesar del despliegue de más tropas que cualquier administración anterior, la violencia criminal en México sigue siendo alarmante. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido a los grupos criminales mayores libertades a cambio de reducir la violencia visible, permitiéndoles diversificar sus actividades ilícitas.
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Esta estrategia tiene implicaciones serias. La falta de transparencia y responsabilidad en las operaciones militares permite que las acusaciones de crímenes y abusos por parte de las fuerzas de seguridad no sean investigadas adecuadamente. La colusión entre autoridades y grupos criminales, aunque ha reducido temporalmente la violencia visible, ha permitido una mayor consolidación del control criminal sobre ciertos territorios.
El informe de International Crisis Group subraya la necesidad de reevaluar las estrategias de seguridad en México. La consolidación del control criminal sobre las comunidades plantea un desafío significativo para cualquier esfuerzo futuro por restaurar la paz y la seguridad en el país.
