México.-Más de un año después de revelarse que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizó el spyware Pegasus para intervenir los teléfonos del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como de periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que «en México no se espía ni se vigila a nadie».
Esta declaración llevó al gobierno mexicano a rechazar una recomendación del gobierno de Costa Rica en el Examen Periódico Universal (EPU) de México en materia de derechos humanos, que exhortaba a prevenir, investigar y eliminar el uso excesivo de la fuerza y la vigilancia digital de la población civil por parte de las fuerzas del orden.
A pesar de las pruebas de uso ilegal de Pegasus en los últimos tres sexenios, la Sedena y el presidente López Obrador han negado que el Ejército siga utilizando este spyware, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Insisten en que las agencias de seguridad realizan labores de «inteligencia» contra la delincuencia organizada. En respuesta a la recomendación de Costa Rica, el gobierno mexicano afirmó que la inteligencia se usa «para debilitar las estructuras criminales por igual».
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas al menos tres investigaciones por espionaje ilegal y la compra irregular de esta tecnología, pero no han tenido avances significativos. La primera de estas investigaciones comenzó en 2017 tras el escándalo #GobiernoEspía, que reveló cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto intervino los teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos.

Investigaciones periodísticas han mostrado que la Sedena fue el primer cliente internacional de NSO Group, adquiriendo Pegasus en 2010 con el aval de Felipe Calderón Hinojosa. Diversas agencias de seguridad del gobierno de Peña Nieto usaron el spyware para atacar más de 15 mil celulares, incluyendo los de periodistas, defensores de derechos humanos y figuras políticas.
La investigación #EjércitoEspía demostró que la Sedena continuó usando Pegasus durante el sexenio de López Obrador, desde el Centro Militar de Inteligencia (CMI) en el Campo Militar número 1. Pegasus fue utilizado para intervenir los teléfonos de abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, dos periodistas y Raymundo Ramos Flores, defensor de derechos humanos en Tamaulipas.
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En febrero de 2023, El País reveló que Pegasus fue usado contra cuatro funcionarios de la Defensoría Pública de México, y en mayo, The New York Times informó que Alejandro Encinas y varios miembros de su equipo en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) fueron atacados con esta tecnología mientras investigaban el caso Ayotzinapa, señalando la responsabilidad de militares.







