México.-  En un movimiento estratégico contra la especulación de recursos naturales, el Gobierno de México anunció la recuperación de 1,126 concesiones mineras. La medida, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, libera una superficie total de 886,512 hectáreas, un área comparable a la extensión territorial del estado de Querétaro.

Limpieza administrativa contra la especulación
Durante la conferencia matutina de este 12 de febrero en Palacio Nacional, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que la prioridad ha sido identificar y cancelar aquellos permisos que se mantenían ociosos o presentaban irregularidades financieras.

“El objetivo prioritario ha sido recuperar concesiones que no tienen exploración, que no han pagado los derechos o que son meramente especulativas”, afirmó Ebrard ante los medios.

Por su parte, José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, explicó que las cancelaciones se fundamentan en dos incumplimientos graves contemplados en la ley:

  • Falta de pago de derechos: Retrasos superiores a dos años en los pagos fiscales correspondientes.
  • Omisión de informes de obra: La ausencia de reportes estadísticos que demuestren trabajos reales de exploración, lo que sugiere que las tierras se mantenían bajo reserva solo para fines especulativos en mercados financieros.

Estados con mayor impacto
La recuperación de estas tierras se concentró principalmente en el norte y occidente del país, zonas con alta vocación minera pero donde se habían detectado mayores niveles de inactividad operativa. Las entidades con más cancelaciones registradas son:

  • Coahuila
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Jalisco

La administración subrayó que estas acciones buscan garantizar que el patrimonio nacional no sea utilizado simplemente como un activo financiero sin beneficio para la economía local o el desarrollo de infraestructura. Con la liberación de estas casi 900 mil hectáreas, el Estado retoma el control sobre terrenos que, según las autoridades, no generaban empleos ni riqueza real para las comunidades.