México.- Tras más de 20 días de protestas y bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se alista para reducir la edad de jubilación de manera unilateral para los trabajadores al servicio del Estado que no cotizan en el régimen de Afores.

De acuerdo con un nuevo proyecto de Decreto Presidencial enviado el pasado viernes por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la reforma contempla congelar en 58 años (hombres) y 56 años (mujeres) la edad de retiro para quienes ya cotizaban antes de enero de 2008, y además propone una reducción progresiva de dicha edad a partir de 2028.

Los nuevos parámetros
El proyecto establece el siguiente calendario de ajustes a la edad mínima de retiro:

  • En 2028: 57 años para hombres y 55 para mujeres.
  • En 2031: 56 años para hombres y 54 para mujeres.
  • En 2034 y posteriores: 55 años para hombres y 53 para mujeres.

Estos beneficios aplicarán únicamente si el trabajador acumula 30 años de servicio y la trabajadora 28 años.

Cabe recordar que desde 2010 la edad de jubilación había comenzado a aumentar de forma gradual. La ley vigente establece que, a partir de 2026, se requerirán 59 años para hombres y 57 para mujeres, y que en 2028 se fijaría en 60 y 58 años de forma permanente.

Una decisión sin análisis financiero
El nuevo proyecto justifica la reforma en términos de “solidaridad” y “justicia social”, sin embargo, no presenta un estudio del impacto financiero que esta reducción implicaría para el erario público.

Actualmente, el Gobierno federal ya enfrenta una pesada carga económica: tan sólo en 2025, deberá subsidiar al ISSSTE con 386 mil millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos bajo el régimen anterior.

En 2007, el padrón de trabajadores del Estado alcanzaba los 2 millones 490 mil, de los cuales solo un 14.2% migró al esquema de Afores. Es decir, más de 2 millones 137 mil burócratas permanecen en el régimen tradicional que ahora se vería modificado por decreto presidencial.

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La propuesta ha generado diversas reacciones, tanto por el posible costo fiscal como por el momento político en el que se plantea, dado que ocurre a pocos días de que se confirmara oficialmente la victoria de Sheinbaum en las urnas.

Especialistas advierten que, de implementarse sin una reforma estructural del sistema de pensiones, esta medida podría agravar el déficit financiero del ISSSTE y presionar aún más al gasto público en los próximos años.