Ciudad de México.- El hallazgo de un campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha desatado una ola de cuestionamientos sobre la actuación del gobierno federal. En dicho sitio se localizaron tres hornos clandestinos con restos humanos, además de más de 200 pares de calzado y mochilas, elementos que no fueron reportados en el comunicado oficial del 20 de septiembre de 2024, pese a que las autoridades federales ya tenían conocimiento del lugar.
El operativo, encabezado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, derivó en la detención de 10 presuntos delincuentes y la liberación de dos personas privadas de su libertad. Sin embargo, el informe público solo destacó el aseguramiento de armamento y vehículos, omitiendo detalles clave sobre la posible magnitud del sitio como un centro de exterminio. La falta de transparencia ha generado dudas sobre quién ordenó omitir dicha información y por qué se mantuvo en secreto.
Ante la gravedad de los hallazgos, organismos de derechos humanos y colectivos de búsqueda de desaparecidos han exigido explicaciones a las autoridades, señalando que la omisión de estos datos pone en entredicho el compromiso del gobierno con la verdad y la justicia. Mientras tanto, el caso sigue abierto, y las familias de las víctimas esperan respuestas sobre la identidad de los restos humanos encontrados en el lugar.
