México.- A partir del 5 de noviembre y hasta el 4 de noviembre de 2025, se permitirá la importación definitiva de vehículos usados en México, según un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta medida ha generado controversia en torno a la entrada de unidades usadas, pero el gobierno busca regularizar la situación y ofrecer seguridad jurídica a los importadores.

El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado por la Secretaría de Economía, detalla que se podrán importar vehículos de pasajeros, incluidos aquellos que transporten más de diez personas, así como unidades de transporte de mercancías, tractores de carretera, semirremolques y camiones hormigonera. Sin embargo, estos vehículos deberán tener un año-modelo de ocho a nueve años anteriores al año de importación.

Para los residentes de la franja fronteriza norte, las disposiciones son más flexibles. Se podrán importar vehículos cuyo año-modelo sea de cinco a nueve años anteriores al año de importación, aplicándose un arancel del 1% sobre su valor. En el caso de vehículos con un año-modelo de diez años anteriores, se establecerá un arancel del 10%.

No obstante, existen restricciones para la importación de ciertos vehículos. No podrán importarse aquellos que, por sus características o condiciones técnicas, tengan restringida o prohibida su circulación en el país de origen, así como aquellos que no cumplan con las normas físico-mecánicas o de protección al medio ambiente. Además, los vehículos reportados como robados estarán prohibidos para su importación.

La publicación del “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados” busca brindar claridad a los importadores y propietarios sobre la legalidad de la estancia y circulación de estos vehículos en el país. Durante este año, quienes estén interesados en importar automóviles deberán cumplir con requisitos específicos, como presentar el certificado de origen del vehículo para acceder a un trato arancelario preferencial, siempre que provenga de países con los que México tiene un tratado de libre comercio.

Con esta medida, el gobierno federal espera facilitar el acceso a vehículos usados y regular su entrada al mercado nacional, en medio de un contexto de polémica y debate sobre el impacto ambiental y la seguridad vial de estas unidades.