Que se dé por bien servido que fue en Saltillo. De buenas que fue aquí, en Torreón lo hubieran matado.

El señor Eduardo Fuentevilla debe ser penalizado y también cesado del Poder Judicial, donde cobra como secretario federal colegiado en materia administrativa y civil del octavo circuito.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Saltillo debe presentar una denuncia en su contra por agresiones y amenazas a elementos policiacos.

El funcionario federal protagonizó un escándalo, solo porque fue salvado de un posible accidente mortal uno de sus hijos al ser detenido por conducir en estado de ebriedad por policías en un operativo antialcohol.

Los insultó y los amenazó con una grave advertencia: “tu cara no se me olvida, te mando tablear” y, por supuesto, no pudo faltar la clásica de “no sabes con quién te metes”.

La respuesta de las y los policías municipales fue no responder a los insultos y las amenazas del funcionario del Poder Judicial de la Federación, envalentonado ante la presencia de sus familiares que trataban de calmarlo.

Fue en Saltillo, porque en Torreón el reciente Grupo de Reacción Policiaca del Ayuntamiento no hubiera sabido actuar en un momento de crisis, como el desalojo en Nuevo Mieleras, donde un policía mató a uno de los manifestantes.

La tragedia provocó que sean llamados a declarar por la Fiscalía estatal mandos policiacos que participaron en el desalojo fallido.

Incluso hoy lunes comparece ante el Congreso del Estado el fiscal Federico Fernández, al mediodía, y a las 17:00 horas el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.

Aquí, Eduardo Fuentevilla, “Lalo El Tableador”, recibió de sus agresiones y amenazas la actitud correcta de los policías municipales de aplicar la ley, se trate de quien se trate.

Quizá la prepotencia del funcionario federal no le alcanzó a agradecer que su hijo fue detenido por conducir en estado de ebriedad y sigue vivo, gracias al operativo antialcohol.

Del dinero, no se preocupó, porque les gritaba a los policías que tiene mucho y ahí se los podía aventar en la cara.

Se trató de un episodio denigrante de un funcionario federal, cuya prepotencia justifica la elección del Poder Judicial para que no haya más gente como él, donde se debe poner el ejemplo de apego a la ley, respeto a la autoridad y de buenas costumbres.