La toma del edificio de la Cámara de Diputados refleja la intolerancia y la actitud antidemocrática del presidente López Obrador.
Su afán de imponer jueces por consigna política ha paralizado al Poder Judicial y resquebraja al país.
Ya lo advirtieron Estados Unidos y Canadá: la reforma que pretende López Obrador aumenta la inseguridad, atenta contra la democracia y provoca la devaluación del peso y, en consecuencia, golpea a la economía.
Sin embargo, la mayoría morenista impone criterios y desecha el diálogo, como única forma de lograr acuerdos.
Su interés consiste en darle al presidente lo que quiere antes de irse, sin importar las consecuencias de elegir jueces a modo de la delincuencia o de su partido político Morena.
Al tomar el edificio de la cámara alta y buscar una sede alterna, se manda un mensaje negativo a los inversionistas nacionales y extranjeros. Un mensaje de autoritarismo, similar al de países como Venezuela, hoy envuelto en la crisis social, económica y política por la dictadura de Nicolás Maduro.
Esa misma inercia se siente en nuestro país y esperemos se frene a partir del primero de octubre con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Que la reforma al Poder Judicial no tenga el vicio morenista y sea diseñada por especialistas, no populistas y cuyo único objetivo sea cambiar lo qué hay que cambiar y modificar por la vía del diálogo y no por la imposición popular.
Tal parece que el presidente López Obrador se afana por terminar su sexenio de la peor forma.
Con una pretendida reforma al Poder Judicial de la Federación, que atropella con los niveles más altos de inseguridad, con 200 mil homicidios, con un crecimiento cero en su economía y con el litro de gasolina por arriba de los 25 pesos, y no los 10 pesos que prometió.
Y con una mañanera recordada por decir tantas mentiras como esa memorable de que tenemos servicios de salud mejor que Dinamarca. Sin duda vive en su mundo de mentiras, de sus otros datos, apartados de la verdad y de la realidad.
