El próximo 7 de junio de 2026, Coahuila celebrará una elección legislativa que, aunque suele recibir menos atención que una contienda por la gubernatura o la presidencia municipal, podría convertirse en la más importante para el rumbo
económico y urbano de la próxima década. Lo que estará en juego no será únicamente la integración del Congreso local, sino la capacidad del estado para sostener inversiones, modernizar infraestructura y enfrentar el crecimiento acelerado de la región sureste, particularmente en Saltillo, Ramos Arizpe y su zona conurbada. Además de la resistencia en Coahuila por el ingreso al poder de Morena y sus aliados.

La elección renovará 25 diputaciones locales: 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. En Saltillo y la región sureste se concentra una parte determinante del padrón electoral y, además, el principal motor industrial del estado. Ahí se decidirá buena parte del equilibrio político entre el oficialismo estatal y las fuerzas opositoras.

La contienda se perfila principalmente entre la alianza encabezada por el Partido Revolucionario Institucional y Unidad Democrática de Coahuila, que busca mantener el control político del Congreso; frente a Morena y sus aliados, quienes
intentarán capitalizar el respaldo federal y el desgaste natural de los gobiernos tradicionales. También competirán por su subsistencia política electoral, el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México y partidos locales con presencia regional.

En los distritos de Saltillo destacan perfiles con alta exposición pública y fuerte operación territorial en Saltillo aparecen por el PRI y sus aliados, quienes conservan una estructura territorial históricamente eficaz y una narrativa centrada en
estabilidad económica, seguridad y continuidad institucional. Luz Elena Morales Núñez, Álvaro Moreira, Eduardo Medrano Aguirre y María del Mar Arroyo Peart y por otro lado aparecen Eduardo Hernández Carrizales, José Alberto Hurtado Vera y Alejandra Salazar Mejorado y Diana Alvarado buscando consolidar presencia urbana y voto joven; así mismo aparecen candidatos que representa al movimiento ciudadano y su más fuerte expositor tenemos a Poncho Danao de la Peña, con mucha presencia en redes sociales y en puntos estratégicos urbanos.

Sin embargo, el verdadero problema de esta elección es que muchos candidatos siguen atrapados en campañas superficiales: bardas, espectaculares y slogans vacíos. Pocos han explicado con claridad cómo pretenden resolver el principal
desafío de la región sureste: el crecimiento industrial sin planeación urbana suficiente. Una ausencia en la exposición de una agenda legislativa que se comprometan con los asuntos de la competencia del Congreso y que retumben en
la generación de gobernanzas eficientes.

La agenda legislativa debería concentrarse en cinco prioridades fundamentales. Primero, movilidad urbana metropolitana. Saltillo y Ramos Arizpe enfrentan ya síntomas de saturación vial, tiempos de traslado crecientes y presión logística
derivada del nearshoring y la expansión manufacturera. El Congreso local deberá impulsar leyes de coordinación metropolitana, fondos multianuales de infraestructura y esquemas modernos de transporte público regional.

Segundo, agua e infraestructura hidráulica. El crecimiento industrial no será sostenible sin inversión agresiva en redes, pozos, reutilización y control de fugas. El tema hídrico no puede seguir siendo tratado como asunto exclusivamente
municipal.

Tercero, simplificación regulatoria e incentivos para inversión. Coahuila compite con estados del Bajío y el norte por nuevas plantas y cadenas de suministro. La sobrerregulación, los permisos lentos y la incertidumbre fiscal pueden frenar
proyectos estratégicos. inyectar inversiones en equipos e infraestructura en Áreas sensibles como, catastro, Desarrollo Urbano, ventanilla para la obtención de los permisos de funcionamiento comercial y claro los Registros Públicos, en los que se garanticen tramites eficaces y rápidos para captar inversión y desarrollo.

Cuarto, impuestos de libre disposición y disciplina financiera. Los próximos diputados deberán discutir cómo fortalecer ingresos estatales sin castigar competitividad ni ahuyentar inversión. El debate ya no debe limitarse a “subir o bajar impuestos”, sino a eficiencia del gasto, infraestructura productiva y retorno económico.

Quinto, formación técnica y empleos mejor pagados. La llegada de inversiones automotrices y tecnológicas exige vincular universidades, educación técnica y empresas. Sin capital humano especializado, Coahuila corre el riesgo de convertirse únicamente en una plataforma de manufactura de bajo valor agregado.

La elección del 7 de junio no debería reducirse a una disputa partidista tradicional.

Lo que realmente se decidirá es si el Congreso de Coahuila será un espacio de negociación política estéril o un verdadero instrumento para planear el desarrollo económico y urbano del estado. Porque el crecimiento industrial de la región sureste ya llegó; la pregunta es si la clase política entendió la magnitud del reto Gobernar y Legislar, no es para ocurrencias, es para construir cimientos que sostengan un futuro de sostenibilidad para Saltillo y Coahuila.
Construyamos “El Modelo Coahuila”, y que sea la muestra para replicarlo en la Nación. Vamos a votar y hagamos Democracia en un ambiente de libertades.