Estados Unidos mantiene la presión sobre México por los señalamientos de posibles vínculos entre integrantes de Morena y organizaciones del narcotráfico.
A cuatro meses de la acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reportes periodísticos colocaron también bajo escrutinio a los mandatarios de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, además de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
El Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a una decena de funcionarios vinculados con Morena, entre ellos Rocha Moya, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa y solicitó su detención con fines de extradición.
México respondió que no actuaría sin una investigación propia y evidencias que respaldaran los señalamientos.
De acuerdo con reportes de medios de Estados Unidos y México, algunos funcionarios de Morena estarían colaborando como informantes con autoridades estadounidenses para aportar datos sobre otros integrantes del partido.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado los señalamientos publicados por medios estadounidenses y ha señalado que su Gobierno no tiene información que confirme la existencia de funcionarios de Morena colaborando con Estados Unidos.
