México.- Raymundo «N», exalcalde de Toluca, ha sido arrestado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Policía Ministerial Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía mexiquense ante un Juez de Control Especializado en Línea, debido a su presunta participación en el delito de secuestro exprés ocurrido el 12 de abril pasado.
La víctima, identificada como O.E.R.C., era un funcionario municipal en el Ayuntamiento de Toluca y habría sido secuestrada por agentes municipales bajo las órdenes de Raymundo «N», sin contar con una orden judicial o causa justificada. El incidente tuvo lugar en las oficinas de la víctima, donde fue trasladada a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal y mantenida en cautiverio.
La denuncia fue presentada por la hija de la víctima, D.V.R.R., quien, en ese momento, mantenía una relación con Raymundo «N». La investigación, llevada a cabo con perspectiva de género, reveló que mientras la víctima estaba secuestrada, el exalcalde se comunicó con la denunciante exigiendo la devolución de documentos personales a cambio de liberar a O.E.R.C. Las amenazas y el uso de lenguaje ofensivo agravaron la gravedad del caso.
Hasta el momento, estos hechos conllevan, con un alto grado de probabilidad, el delito de secuestro exprés en su modalidad de extorsión, según lo establecido por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. La pena asociada es de 40 a 80 años de prisión, con un posible aumento de 10 años por el allanamiento del inmueble para privar de la libertad a la víctima, quien tenía parentesco con Raymundo «N».
La Fiscalía del Estado de México ha solicitado órdenes de aprehensión contra otras seis personas en relación con este caso, sin descartar la posible responsabilidad en otros delitos. A pesar de realizar tres cateos y despliegues en Toluca y Metepec, Raymundo «N» aún no ha sido localizado y se le considera evadido de la acción de la justicia.
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Cualquier persona que brinde refugio, oculte o facilite la fuga de un probable responsable de un delito con el propósito de evadir la justicia podría incurrir en el delito de encubrimiento, sancionado según el artículo 149 del Código Penal vigente en el estado, con una pena que se agrava hasta en una mitad si es cometido por un servidor público.
Además, la Fiscalía ha solicitado a la Interpol México emitir la «Ficha Roja» y al Instituto Nacional de Migración expedir una Alerta Migratoria para prevenir la salida del país del investigado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene acciones operativas e investigativas para ubicar y detener a los otros seis investigados, reiterando que deben considerarse inocentes hasta que exista una sentencia de condena en su contra.
