Chiapas.- El Gobierno de Chiapas, liderado por el gobernador Rutilio Escandón, enfrenta un posible caso de corrupción relacionado con la compra de patrullas, según reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su auditoría 594, presentada ante la Cámara de Diputados como parte de la segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2023, la ASF informó sobre una presunta adquisición irregular de vehículos para seguridad pública, que podrían no existir o haber sido comprados a empresas sin capacidad real para cumplir los contratos.
El monto más alto de este posible daño al erario asciende a 39.6 millones de pesos, destinados a la compra de 48 camionetas Toyota Hilux SR modelo 2023, las cuales, según el contrato CV-72-2023, serían entregadas como patrullas a diversos municipios del estado. Sin embargo, la ASF reporta que no hay evidencia física de los vehículos ni de su entrega a los ayuntamientos beneficiarios, y tampoco se proporcionaron contratos de comodato que acrediten la transferencia de las unidades.
Además, el proveedor no presentó su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, lo que plantea dudas sobre si estaba al corriente en sus obligaciones tributarias al momento de la adjudicación.
En otro contrato, la ASF identificó que 4 millones de pesos fueron destinados a la compra de seis camionetas Nissan Frontier SE 2023 mediante el contrato SESESP/UAJ/LCPSA/001/2023. Sin embargo, el proveedor resultó ser una empresa fantasma, que no registró empleados ni deducciones de nómina en 2022. La dirección registrada por el proveedor en la documentación resultó ser un lote baldío, indicando la falta de capacidad técnica e infraestructura para la entrega de los vehículos.
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Al revisar las facturas correspondientes, la ASF detectó que los documentos sólo contenían el número de motor y el número de serie, pero carecían de detalles importantes, como la clave vehicular y el número de inventario, requisitos fundamentales en las facturas de concesionarias automotrices.
Estas irregularidades representan un desafío para la administración de Escandón y generan interrogantes sobre el destino de los recursos asignados a la seguridad pública en Chiapas. La ASF continúa con la investigación para esclarecer si estos recursos fueron utilizados correctamente y para establecer responsabilidades en caso de confirmarse un desvío de fondos.







