México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha detectado que al menos 93 millones de dólares de Segalmex fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos e Inglaterra. El 7 de febrero, la FGR solicitó a ambos países el aseguramiento de 14 cuentas bancarias que suman más de 1,553 millones de pesos.
Según informes del Gobierno federal, la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la FGR detalló que estos fondos se encuentran en un banco inglés y en cinco estadounidenses. Este dinero está relacionado con investigaciones sobre adquisiciones de certificados bursátiles con fondos de Segalmex, autorizadas por el entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste.
Hasta ahora, la FGR ha recuperado en México 963 millones 904 mil 826 pesos, incluyendo intereses, de las inversiones bursátiles realizadas por Gavira con recursos de Segalmex. Entre los diversos casos de corrupción investigados durante la gestión de Ignacio Ovalle, las inversiones en la bolsa de valores son donde más dinero ha sido recuperado.
En otros casos, como la compra simulada de 7,840 toneladas de azúcar por 142.4 millones de pesos, la FGR ha recuperado 11.3 millones. Gavira enfrenta dos de cuatro procesos penales por la compra de títulos bursátiles por 800 millones de pesos a través de Corporación en Asesoría Financiera (Corafi). La FGR sostiene que Gavira no estaba autorizado para invertir recursos públicos en la bolsa, excepto en valores gubernamentales.
Corafi, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), propiedad de René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, también está vinculada a proceso por captar ilegalmente los recursos de Segalmex. La Procuraduría Fiscal de la Federación señaló que la Sofom no tenía permiso para la captación de recursos y no estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Gavira está en el Reclusorio Norte desde el 7 de diciembre tras entregarse a las autoridades. Enfrenta cuatro procesos, con dos imputaciones pendientes de audiencia inicial. Los Dávila, en libertad, están en la etapa intermedia de su proceso, y la Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión por captación ilegal de recursos, según la Ley de Instituciones de Crédito.
