Cada año, el 8 de marzo se llena de discursos, declaraciones solemnes y promesas renovadas. Pero también, cada año, miles de mujeres salen a las calles para recordar que la igualdad sigue siendo una meta pendiente. Las marchas que recorren las principales ciudades del país —particularmente la de la Ciudad de México— no son una simple expresión de inconformidad: son el reflejo de una realidad que las cifras confirman con crudeza.

En México, siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea en el hogar, en el trabajo o en espacios públicos. Incluso en los centros laborales, 14.4% ha enfrentado violencia sexual y más de una quinta parte ha sufrido discriminación. Estas cifras no provienen de consignas políticas, sino de estadísticas oficiales que describen un problema estructural que sigue afectando la vida cotidiana de millones de mexicanas.

La desigualdad económica tampoco ha desaparecido. Aunque las mujeres han avanzado notablemente en educación —cada vez más cursan estudios de nivel medio superior y universitario— ese progreso no se traduce en igualdad en el mercado laboral. La tasa de participación económica femenina ronda 45.7%, muy por debajo del 75.1% de los hombres, y más de 55% de las mujeres ocupadas trabaja en la informalidad, lo que implica ausencia de seguridad social y vulnerabilidad económica permanente.

Las consecuencias de estas brechas se acumulan a lo largo de la vida. Las mujeres viven, en promedio, seis años más que los hombres, pero llegan a la vejez con menos protección económica. Mientras la mitad de los hombres tiene una cuenta de ahorro para el retiro, solo el 34% de las mujeres cuenta con una, en buena medida porque su trayectoria laboral suele interrumpirse por responsabilidades de cuidado o por su inserción en empleos informales.

La desigualdad comienza incluso antes de la adultez. Entre niñas y adolescentes, las mujeres representan 92.8% de las víctimas de violencia sexual atendidas en hospitales, además de concentrar la mayoría de los casos de violencia familiar y desaparición en ese grupo de edad.

Ante este panorama, resulta fácil entender por qué el 8 de marzo no es una fecha de celebración, sino de exigencia. Las marchas que veremos en las calles no nacen de la provocación ni de la moda ideológica: nacen de la frustración acumulada frente a problemas que siguen sin resolverse.

Por eso, la respuesta institucional importa. Blindar edificios o levantar vallas puede ser una medida de seguridad comprensible en ciertos contextos, pero también envía un mensaje simbólico poderoso: el de un poder que se protege de quienes protestan. Y cuando se trata de millones de mujeres que reclaman justicia, igualdad y seguridad, el gesto más necesario no es el blindaje, sino la escucha.

El avance de las mujeres en la vida pública del país es innegable. Sin embargo, las cifras muestran que ese avance todavía convive con profundas desigualdades y riesgos cotidianos. Por eso, después del 8 de marzo, el desafío no debería ser contener la protesta, sino atender sus causas.

Porque mientras las brechas persistan, mientras la violencia siga marcando la vida de tantas mexicanas y mientras la igualdad económica continúe siendo una promesa pendiente, habrá una verdad difícil de negar: todavía no han llegado todas.