México.- En un ajuste de estrategia dentro de las indagatorias que sacuden al estado de Sinaloa, el Gobierno Federal inició un rastreo exhaustivo de la estructura financiera del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y de sus cuatro hijos. Sin embargo, a diferencia de los trascendidos recientes, las autoridades competentes no han ordenado el bloqueo o la inmovilización de sus activos, permitiendo que la familia continúe operando dentro del sistema bancario nacional.

Fuentes de alto nivel del sector financiero confirmaron a Milenio que las solicitudes de información patrimonial fueron entregadas formalmente a las instituciones de crédito el pasado miércoles 13 de mayo, marcando el inicio de una auditoría técnica profunda.

El alcance de la petición: Radiografía patrimonial
Los oficios gubernamentales distribuidos a los bancos no implican una sanción inmediata, sino una orden de recolección de datos clave para el armado de un expediente fiscal. Las autoridades han requerido:

  • Identificaciones y contratos: Copias de los expedientes de apertura y contratos vigentes.
  • Saldos y movimientos: Historiales de transacciones y estados de cuenta detallados del morenista.
  • El círculo familiar: La investigación abarca formalmente a sus hijos José de Jesús, Rubén, Ricardo y Eneyda Rocha Ruiz.

Al tratarse de una solicitud de información y no de una orden de congelamiento, los implicados mantienen el control total de sus recursos mientras los analistas evalúan el flujo de los capitales.

El origen: La acusación por narcotráfico en Nueva York
Esta movilización de las dependencias federales ocurre dos semanas después de que se hiciera pública una acusación penal por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Los tribunales estadounidenses imputan a Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exoficiales de la entidad, cargos de conspiración para el tráfico de drogas (fentanilo, cocaína y metanfetaminas). Los fiscales de la Unión Americana sostienen la hipótesis de que la administración de Rocha Moya colaboró activamente con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de estupefacientes a cambio de protección e impunidad.