Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos decidió, con una votación de 7 a 2, mantener suspendidas las deportaciones de ciudadanos venezolanos detenidos en Texas, quienes enfrentan procesos de expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por el presidente Donald Trump. Aunque el fallo no resuelve el fondo legal del caso, otorga a los migrantes más tiempo y garantías para impugnar su deportación, mientras los tribunales inferiores continúan el análisis del asunto. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra, mientras que Brett Kavanaugh apoyó la suspensión, pero criticó la falta de una decisión definitiva.
Trump ha justificado el uso de esta ley, que permite la detención y expulsión de ciudadanos de naciones consideradas “enemigas”, al acusar a la banda venezolana Tren de Aragua de representar una amenaza directa a la seguridad nacional. Según datos oficiales, hasta el 8 de abril, 137 de los 261 venezolanos deportados al penal de máxima seguridad Cecot, en El Salvador, fueron expulsados bajo esta norma. Organizaciones civiles como la ACLU han denunciado que muchos de estos migrantes fueron enviados a prisiones sin acceso a un juicio justo, lo que califican como una “sentencia de por vida sin juicio previo”.
Paralelamente, persiste el litigio por la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño cuyo caso se volvió emblemático en el pulso legal entre el gobierno y defensores de derechos humanos. Aunque inicialmente se reconoció su expulsión como un error administrativo, el Departamento de Justicia cambió su postura y lo vinculó con la pandilla MS-13. La Corte Suprema ordenó facilitar su regreso al país tras concluir que se violó su derecho al debido proceso, pero la administración ha ignorado el mandato. El caso refuerza la preocupación sobre el uso de herramientas legales obsoletas en un contexto migratorio actual.
