Saltillo.- Finalizó exitosamente la III Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, la cual se llevó a cabo en la capital coahuilense durante los días 18 y 19 de noviembre a la que asistieron más de 17 fiscales anticorrupción del país.

El C.P. Roberto Cabello consideró que las empresas tienen la capacidad de aportar soluciones a través de los códigos de integridad haciendo compromisos públicos, predicando con ejemplos y a través de exigir prácticas de gobierno, lo que vio como una oportunidad clara para que las compañías y organizaciones sociales, trabajen para erradicar la corrupción.

La maestra Adriana Greaves Muñoz destacó que los fiscales que están a cargo del combate a la corrupción en el país pueden ponerse de acuerdo y homologar criterios para administrar justicia.


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Para finalizar con la Cumbre, se realizó una Sesión Ordinaria con los Fiscales Anticorrupción con el fin de que los nuevos titulares tomaran protesta, entre ellos los estados de Nayarit, Tlaxcala, Sonora, San Luis Potosí y Veracruz.

El fiscal Anticorrupción de Sonora tomó protesta de la Comisión de Capacitación, profesionalización y especialización; el de San Luis Potosí la Comisión de Políticas Públicas y estudios en materia de prevención, detección, evaluación e investigación de delitos y la Comisión de Autonomía el estado de Durango.


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Durante la sesión se presentó el informe de Resultados de la Presidencia del periodo 2020- 2021, así como planes de trabajo, iniciativas y proyectos entre otros asuntos generales.

El presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier, reiteró su agradecimiento y apoyo a cada uno de los funcionarios que trabajan de la mano en la lucha contra la impunidad.

La Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción nace con el fin de establecer prioridades, estrategias y políticas para lograr optimización, eficiencia y eficacia en el ejercicio de las responsabilidades que nos otorga el marco jurídico, abatir la impunidad y la corrupción, para reestablecer la credibilidad ciudadana y mantener la vigilancia del Estado de derecho.
 


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