México.- El pasado domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su intención de revisar la reforma a las pensiones realizada en 1997 durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. En ese momento, se transitó del sistema de jubilaciones directas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al sistema de Administradora de Fondo para el Retiro (Afore).

Durante la ceremonia cívica del 117 aniversario de los Mártires de Río Blanco, el presidente de México expresó su preocupación por la situación actual, donde los trabajadores, después de 30 años de laborar, al jubilarse no reciben ni siquiera su salario original, sino, en el mejor de los casos, la mitad de ese ingreso debido a la legislación existente.

AMLO anunció que presentará una propuesta de reforma a esta legislación, calificándola de «inhumana» e «injusta». Su objetivo es que al jubilarse, los trabajadores reciban una pensión digna, equivalente al salario que tenían durante su vida laboral. Considera irresponsable la situación actual y busca modificarla para garantizar condiciones más favorables a los jubilados.

En cuanto a la diferencia entre la Ley de Pensiones de 1973 y la de 1997, el presidente destacó que, en el régimen de jubilaciones de 1973, se contempla un mínimo de 500 semanas de cotización para obtener una pensión de vejez vitalicia, la cual es calculada a partir del promedio del salario de los últimos cinco años de cotización y se paga directamente por el IMSS o ISSSTE.

En contraste, con la reforma de 1997, las pensiones ya no son pagadas por el Estado, y se exige tener al menos 800 semanas cotizadas en 2023 para recibir el monto ahorrado por el propio trabajador durante su vida laboral. Esto significa que el trabajador es responsable de su propio ahorro a través de las Afore.

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Respecto a las Afore, AMLO aclaró que no busca su desaparición, pero sugirió la posibilidad de que el Estado tenga una mayor injerencia en su administración. Manifestó su intención de buscar alternativas, ya sea manteniendo las Afore o gestionando directamente a través del gobierno.

Esta propuesta de reforma busca que los trabajadores se jubilen con un monto equivalente a su último sueldo, fortaleciendo el decreto que modificó el número de semanas cotizadas, reduciéndolo a 750 para 2021 e incrementándolo en 25 semanas cada año a partir de 2021 hasta alcanzar las 1,000 semanas en 2031.