México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado un paso firme en las investigaciones que vinculan a funcionarios mexicanos con el crimen organizado. Según fuentes consultadas por El Universal, Washington ha solicitado formalmente al Gobierno de México la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios o excolaboradores.
A diferencia de un proceso de extradición formal, que requiere un expediente más robusto, la detención provisional es una medida de urgencia contemplada en el Tratado de Extradición entre ambos países.
- Plazo: Una vez ejecutada la detención, Estados Unidos dispone de 60 días para formalizar la investigación y el expediente completo.
- Requisitos cumplidos: La fuente estadounidense afirma que ya se entregó la descripción de los delitos, identidades, ubicaciones probables y las órdenes de aprehensión correspondientes.
- Obligación de México: Según el experto en extradiciones Jaime Ortiz, México no está obligado a entregar al gobernador de inmediato, pero sí a tramitar la petición ante las autoridades competentes, advirtiendo que ignorarla sería visto como un acto de «complicidad política».
El T-MEC como herramienta de presión
La negativa o demora del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender esta solicitud podría tener repercusiones directas en la economía nacional. Especialistas advierten que el presidente Donald Trump utiliza la política comercial como un mecanismo de castigo.
“Trump podría decir que no hay integración económica estable con un gobierno que no tramita solicitudes contra políticos acusados de proteger a quienes envían fentanilo”, señaló el economista Iván Jiménez.
Antecedentes recientes:
En 2025, Trump ya impuso aranceles del 25% a importaciones de México y Canadá bajo el argumento de falta de cooperación en temas de migración y narcotráfico.
La revisión formal del T-MEC está programada para el próximo 1 de julio, lo que otorga a Washington una ventaja estratégica en las negociaciones actuales.
El caso Rocha Moya coloca a la administración mexicana en una encrucijada: atender un trámite judicial derivado de una acusación por colaboración con grupos como «Los Chapitos» o enfrentar posibles represalias económicas que comprometan la estabilidad del tratado comercial más importante para el país.
La Casa Blanca sostiene que estas medidas buscan responsabilizar a los gobiernos vecinos por no frenar el flujo de drogas hacia el norte, vinculando directamente la seguridad y la corrupción política con la relación comercial bilateral.
