Chiapas.- En un comunicado emitido por el subcomandante Moisés, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se alertó sobre un caos desenfrenado en las principales ciudades del estado mexicano de Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, entre otras, se encuentran bajo el control de cárteles del crimen organizado, enfrascados en disputas territoriales.
Moisés denunció una serie de crímenes en la región, incluyendo bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso y reclutamiento forzado. Atribuyó esta situación al «padrinazgo» del gobierno estatal y a la contienda por cargos políticos. Informes internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respaldan estas afirmaciones, revelando la colusión entre autoridades municipales, agentes de la Fiscalía General de la República y grupos criminales.
En julio de 2022, un informe de la Sedena vinculó al presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, con el Cártel de Sinaloa, mientras que Rey David Gutiérrez Vázquez, presidente municipal de Frontera Comalapa y miembro de Morena, fue relacionado con dos organizaciones criminales que operan en Guatemala y México.
La situación explosiva en Chiapas se agravó con la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la muerte de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, líder del Cártel de Sinaloa en la región. La disputa por el control del territorio desencadenó tensiones y violencia.
A pesar de la presencia militar con 17,160 soldados de la Sedena y la Guardia Nacional, Chiapas es el estado más militarizado de México. Con dos militares por cada médico y un soldado por cada cinco profesores, la entidad enfrenta un deterioro de seguridad. A pesar de los 71 campamentos militares en la región, los índices delictivos han aumentado, con un preocupante 98.4% de impunidad en casos de homicidio.
El Observatorio Ciudadano de Chiapas informó que siete delitos de alto impacto, especialmente aquellos cometidos con armas de fuego, se han disparado en el último año. Chiapas presenta una tasa de impunidad alarmante, dejando sin resolver el 98.4% de los casos de homicidio.
El Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste supervisa la situación en Chiapas, con base en Coatzacoalcos, Veracruz, y ha documentado la complicidad de la Guardia Nacional, el INM y la Sedena con organizaciones criminales en la región.
En medio de esta crisis, el Ejército mantiene un control constante sobre las actividades del EZLN y los municipios autónomos establecidos por el grupo en 2003. Además, se ha informado sobre la elaboración de fichas sobre periodistas que trabajan en la zona, incluyendo a Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso.
