México.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, junto con la de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, han respaldado un dictamen que impide que las personas condenadas por violencia contra mujeres o por deudas alimentarias puedan postularse a cargos de elección popular.

Con 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobaron estas modificaciones propuestas por las diputadas Martha Ávila, Gabriela Quiroga y grupos feministas.

El dictamen aprobado reforma el artículo 10, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, agregando una fracción 11 que establece que ninguna persona con antecedentes de violencia o deudora podrá ocupar un cargo público ni postularse para cargos de elección popular.

¿Quiénes no podrán postularse?
Según lo aprobado, quedan excluidos de la posibilidad de postularse aquellos con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexual, así como el desarrollo psicosexual normal.

Tampoco podrán postularse aquellos con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus formas.

Además, se prohíbe la postulación de aquellos inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos, a menos que demuestren estar al día en los pagos, cancelen la deuda o inicien el trámite correspondiente.

Esta reforma se aplicará a todos los servidores públicos, independientemente de su nivel, abarcando desde el más alto hasta el más bajo, incluyendo a los del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos.


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Asimismo, se modifica el Artículo 27, apartado B, numeral 7, Fracción primera de la Constitución Política de la Ciudad de México, agregando un nuevo párrafo que insta a establecer mecanismos para que los partidos políticos aseguren la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.

Se espera que el dictamen sea presentado ante el Pleno el 23 de noviembre, contando con la participación de representantes de los grupos feministas que promovieron esta iniciativa en el Congreso local.