Ciudad de México.- La militarización de las fronteras mexicanas, tanto al norte como al sur del país, ha tomado un giro significativo con el despliegue de más de 30 mil agentes con el objetivo de prevenir cruces irregulares. Esta medida, liderada por la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, forma parte de una estrategia de contención anti migratoria que ha generado descontento y críticas por parte de activistas y defensores de los derechos de los migrantes.
El gobierno federal anunció el despliegue de 32 mil 720 elementos de seguridad como parte del Plan de Migración en la frontera norte y sur de México, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM). A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la presencia de los agentes ha obstaculizado el libre tránsito de personas migrantes, lo que ha resultado en un incremento notable de solicitudes de amparo para desplazarse dentro del territorio mexicano.
Estos operativos han tenido un impacto directo en los puntos de cruce migratorio, desviando la atención hacia nuevos lugares como el Ejido Jacumé en Tecate, Baja California, que se ha convertido en un punto de entrada emergente hacia Estados Unidos. Aunque el campamento instalado por el INM en esta zona ha disuadido a muchos migrantes, también ha llevado a algunos a explorar rutas más peligrosas en su búsqueda por alcanzar sus destinos.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, las cifras de cruces han mostrado una disminución tras la implementación del Plan de Migración, el cual ha sido criticado por activistas y organizaciones pro migración. Estas voces argumentan que, lejos de detener a los migrantes, las medidas de contención magnifican los riesgos asociados con los cruces, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad para quienes buscan una vida mejor al otro lado de la frontera.
