La detección de empresas y personas que simulan operaciones inexistentes experimentó un aumento del 553 por ciento en el año pasado, según los datos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Este incremento coincide con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, incluyendo la emisión de facturas falsas, el contrabando y la defraudación, decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el transcurso del año 2022, el SAT notificó a solo 15 contribuyentes por inconsistencias en sus comprobantes fiscales (facturas); sin embargo, en 2023, la cifra se disparó a 98 hasta el mes de noviembre. De estos, 12 ya han sido considerados como definitivos, mientras que en otros 86 persiste la presunción de que simularon operaciones, por lo que pueden impugnar.
La tendencia previa mostraba una disminución en el número de empresas y personas enlistadas por el SAT por simular operaciones inexistentes, iniciando en 2018 y acentuándose de 2020 a 2021 con una caída del 51.1 por ciento. Esta reducción continuó en 2022 con una disminución del 97.3 por ciento, años en los cuales estaban vigentes disposiciones que castigaban con cárcel los delitos fiscales.
El aumento del 553 por ciento registrado en el año pasado coincide con la eliminación de la prisión para presuntos factureros, una medida que, según autoridades hacendarias y tributarias, funcionaba más como un inhibidor para pequeños y medianos contribuyentes. Mientras tanto, sus efectos penales estaban dirigidos hacia la delincuencia organizada y de cuello blanco.
Una de las causales para enfrentar prisión por delitos fiscales era que el monto de las facturas que pretendían acreditar operaciones inexistentes sumara 7.8 millones de pesos. Además, se requería que estos comprobantes fiscales respaldaran ingresos brutos anuales de al menos 30 millones de pesos.
En la actualidad, el SAT ha registrado a 12 mil 768 contribuyentes por emitir facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material necesarios para operar. De este total, 10 mil 798 (84.6 por ciento) ya han sido catalogados como casos definitivos, mil 442 (11.3 por ciento) han presentado con éxito medios de defensa, mientras que 197 (1.5 por ciento) siguen bajo la presunción de haber facturado operaciones inexistentes y están sujetos a investigación.
