El decir «todos» siempre engloba un error, nunca hay que generalizar, porque siempre habrá excepciones.
Decir «todos» equivale a mostrar autoritarismo, tal y como lo hace el presidente López Obrador al calificar de corruptos a todas y todos quienes integran el Poder Judicial federal y de los estados.
Ese dictamen erróneo, por supuesto, ya levantó voces de protesta y de reclamo en Coahuila.
Jueces y magistrados han levantado la voz contra el señalamiento infundado, y tienen toda la razón.
Seguramente usted conoce a juezas, jueces, magistradas y magistrados con una trayectoria intachable en la impartición de la justicia, que significa darle a cada quien lo que se merece.
Ejemplos hay muchos en Coahuila, como aquella jueza que, por no contar con pruebas que lo incriminarán, dejó en libertad al profesor Alain, acusado de abuso sexual a un menor. Y así hay jueces, magistrados y magistradas que no son corruptos.
Por eso y porque los ciudadanos no tenemos mediciones sobre la preparación y los elementos técnicos de quienes imparten la justicia, la elección para renovar el Poder Judicial está mal sustentada y obedece a razones políticas.
A que no haya los contrapesos que molestaron al presidente López Obrador desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Claro que se debe erradicar la corrupción dentro del Poder Judicial, mediante mecanismos autónomos y de castigo a los corruptos.
Pero no, no que paguen justos por pecadores.
