México. – A cuatro años de que expire el plazo de la Agenda 2030, el llamado de ONU Mujeres para este 8M es directo: “Derechos. Justicia. Acción”. A nivel mundial, la situación es preocupante; al ritmo actual, cerrar la brecha de derechos legales entre hombres y mujeres podría tomar casi tres siglos. Actualmente, las mujeres poseen en promedio solo el 67% de los derechos legales que tienen los hombres.

México se ha posicionado como un caso de estudio global en cuanto a paridad política. Con la elección de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta en la historia del país, México marca un precedente en la defensa de los derechos humanos.

Este avance institucional ha transformado el mapa de poder:

  • Paridad Legislativa: Alcanzada tanto a nivel federal como local.
  • Gubernaturas: 13 estados son hoy gobernados por mujeres (casi el doble que en 2018).
  • Infraestructura institucional: Se han tipificado violencias (digital y política) y se ha impulsado la creación de la Secretaría de las Mujeres y los 678 Centros LIBRE, diseñados para fomentar la libertad y emancipación.

El «talón de Aquiles»: La justicia que no llega
Sin embargo, tener las leyes no garantiza que estas funcionen. ONU Mujeres advierte que, si bien el 90% de los países ha fortalecido sus leyes contra la violencia, la aplicación efectiva sigue fallando estrepitosamente.

En México, este contraste es doloroso: solo el 13.1% de las mujeres que viven violencia física o sexual por parte de su pareja se atreve a denunciar. La cifra es un síntoma claro de que el sistema de procuración de justicia no está respondiendo a las necesidades de las víctimas.

¿Por qué las mujeres no confían en el sistema?

  • Revictimización: Procesos largos y hostiles.
  • Estigmatización: El juicio social sobre la víctima.
  • Desconfianza institucional: La percepción generalizada de que denunciar no sirve de nada.
  • Impunidad: El miedo a represalias en un sistema donde la justicia es lenta y, a veces, inaccesible.

En el marco del 70º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), la ONU lanza una convocatoria urgente: dejar de ver las leyes como un fin y empezar a verlas como una herramienta.

La transición de la «igualdad formal» (tener la ley escrita) a la «igualdad sustantiva» (que la vida de la mujer cambie realmente) requiere que fiscalías, ministerios públicos y el poder judicial operen con un lenguaje común: el de la perspectiva de género, la interculturalidad y, sobre todo, la oportunidad procesal.

La pregunta que queda en el aire para este 8M es si el robusto marco legal mexicano es capaz de sostenerse cuando las mujeres deciden romper el silencio, o si la impunidad seguirá siendo la barrera que detiene el avance hacia la igualdad real.