México.- La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció este viernes el envío de una iniciativa de ley para proteger a actores de doblaje y otros trabajadores culturales frente al uso no autorizado de sus voces mediante Inteligencia Artificial (IA).
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde también se presentaron reformas al marco legal del cine y el audiovisual en el país.
De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, la propuesta contempla modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor y a la Ley Federal del Trabajo para reconocer la voz humana como una herramienta artística única y regular su explotación en entornos digitales.
Reconocimiento legal de la voz ante la IA
Curiel de Icaza explicó que la iniciativa responde a la creciente preocupación entre intérpretes de doblaje por la clonación y uso de voces mediante sistemas de inteligencia artificial sin autorización.
“Se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística única e irrepetible, que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada”, señaló.
La reforma plantea que cualquier uso de la voz de actores en productos generados con IA deberá contar con consentimiento y retribución económica. Asimismo, amplía las facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) para resolver controversias de manera más ágil, evitando procesos judiciales prolongados.
La secretaria subrayó que, en el contexto internacional, la regulación de la IA aún está en discusión, y aseguró que la propuesta mexicana sería la primera iniciativa cultural enfocada específicamente en la protección laboral frente a esta tecnología.
“Sería la primera iniciativa que aportaría protección a todos estos trabajadores que no tienen una contratación formal”, afirmó.
Reforma a la ley de cine y audiovisual
Durante la misma conferencia, la titular de Cultura presentó una actualización integral a la legislación cinematográfica. Recordó que la actual Ley Federal de Cinematografía data de 1992, por lo que no contempla fenómenos como la digitalización ni la expansión de plataformas de streaming.
La nueva propuesta, explicó, abandona el enfoque mercantilista de la norma anterior y se fundamenta en los derechos culturales, el acceso democrático y la construcción de identidad y memoria.
Entre los puntos centrales destaca la garantía de exhibición de cine nacional en al menos 10 por ciento de las salas, con revisión semestral y semanal de carteleras. Además, se amplía a 14 días el periodo mínimo de exhibición de producciones mexicanas para fortalecer la formación de audiencias.
Las plataformas digitales, por su parte, deberán incluir secciones específicas destinadas a promover contenido nacional.
Preservación y descentralización
La iniciativa también establece la obligación de conservar, restaurar y digitalizar el acervo audiovisual del país. La Cineteca Nacional será la instancia responsable de resguardar este patrimonio, bajo reglas claras que garanticen el derecho a la memoria.
Asimismo, se plantea la creación de una política nacional articulada a través del Instituto Nacional de Cinematografía (INCINE), en coordinación con estados y municipios, con el objetivo de descentralizar el fomento, la producción y la difusión del cine.
Finalmente, la secretaria reiteró que el Estado mantendrá el respaldo presupuestal al sector. “El fomento al cine está garantizado por el Estado”, concluyó.
Con estas reformas, el gobierno busca actualizar el marco legal cultural ante los retos tecnológicos actuales y reforzar la protección de los derechos de creadores y trabajadores del audiovisual en México.






