La pregunta es muy sencilla y no hay respuesta.

¿De dónde sacan el dinero para andar ya en campaña los y las defensoras de la 4T?

No solo hay silencio como respuesta de Morena, sino una complicidad total del llamado árbitro electoral: el INE.

El domingo 6 de junio será la elección más grande en la historia del país, con 17 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, alcaldías y los congresos en 31 de las 32 entidades, y el árbitro electoral ya está cargado a favor de Morena.

No hay piso parejo, como lo demuestran las campañas anticipadas de las y los defensores de la 4T en los estados donde serán candidatos.

Y lo peor es el fuerte olor a podredumbre de que el dinero que utilizan provenga del narcotráfico, huachicol fiscal o cualquier actividad delictiva.

El resultado es evidente: el pacto, otra vez, de Morena con la delincuencia para poner gobernadores, alcaldes o diputados locales y federales, como ya ocurre en Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, entre otros.

La consecuencia contra los ciudadanos es la inseguridad, pero las ganancias de los narcopolíticos superan cualquier principio de ética política.

El Instituto Nacional Electoral asume la política de la avestruz.

Mete la cabeza al hoyo para no ver todos los delitos electorales que ya comete Morena, y menos blindar el próximo proceso electoral del dinero sucio del crimen organizado.

Detrás del entramado morenista está Andrés Manuel López Obrador, que siente necesario hacer todas las marrullerías para impedir que su partido pierda cada vez más espacios, ante la caída que lo debilita por tanta corrupción, impunidad y traición hacia una sociedad que ya despertó, como ocurrió en Coahuila con el 16 a cero que le propinó la alianza PRI-UDC a Morena.