Miami.- En un movimiento que desafía la estructura diplomática tradicional de las Naciones Unidas, la Casa Blanca confirmó que la Junta de Paz, iniciativa insignia del presidente Donald Trump, celebrará su primera cumbre el próximo 19 de febrero. El encuentro, que tendrá lugar en el Instituto de Paz de la capital estadounidense, busca abordar el conflicto en Gaza y recaudar fondos para la reconstrucción del enclave.

La Junta de Paz no solo se distingue por sus objetivos, sino por su polémico modelo de financiamiento. Según funcionarios de la administración que hablaron para Axios, la membresía permanente en este organismo tiene un costo de mil millones de dólares.

Este esquema otorga poderes extraordinarios a su presidente, el propio Donald Trump, quien tendrá derecho de veto y la facultad exclusiva de fijar la agenda global. Además, el estatuto prevé que los mayores contribuyentes financieros aseguren mandatos permanentes dentro de la organización.

Jefes de Estado confirmados y rechazos europeos
Hasta el momento, 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado la invitación. El primero en confirmar fue el mandatario húngaro Viktor Orbán, aliado ideológico de Trump. Otros participantes clave incluyen a los líderes de:

  • Medio Oriente: Israel, Arabia Saudita y Egipto.
  • Latinoamérica: Argentina (bajo el gobierno de Javier Milei), El Salvador y Paraguay.

No obstante, la iniciativa ha generado una profunda fractura en Europa. Naciones como Francia, España y Suecia han rechazado tajantemente su integración, argumentando que la Junta debilita el papel de la ONU y centraliza el poder diplomático de forma peligrosa.

El contexto: Una Gaza en ruinas
La urgencia de la reunión se enmarca en una crisis humanitaria sin precedentes. Tras más de dos años de conflicto, el Ministerio de Sanidad gazatí reporta una cifra de 72,027 palestinos fallecidos desde octubre de 2023.

A pesar de que en octubre pasado se alcanzó un cese al fuego, la Casa Blanca admite que las violaciones al acuerdo son constantes. La Junta de Paz pretende utilizar la recaudación de fondos como una herramienta de presión y reconstrucción, aunque sus críticos cuestionan si un organismo basado en contribuciones financieras podrá garantizar una paz imparcial y duradera.