México presume ser una potencia agroalimentaria. Exportamos aguacate, cerveza, café, frutas, carne y tequila; los productos nacionales llegan a mesas de todo el mundo y la balanza agroalimentaria acumuló en 2025 su undécimo superávit consecutivo. Todo muy bonito para el folleto gubernamental. El pequeño detalle es que detrás de esa fotografía de abundancia hay miles de productores trabajando con pérdidas, endeudados, amenazados y abandonados por el gobierno federal.

Porque una cosa es el éxito de las grandes agroexportadoras y otra, muy distinta, la realidad del productor que siembra maíz, trigo o frijol sin saber cuánto recibirá por su cosecha, si habrá agua suficiente o si algún grupo criminal llegará antes que el comprador para cobrarle derecho de piso. Morena prometió rescatar al campo. Como en tantos otros asuntos, terminó rescatando solamente el discurso.

La desaparición de mecanismos como la agricultura por contrato y el ingreso objetivo dejó a pequeños y medianos productores expuestos a la volatilidad internacional. Mientras Estados Unidos subsidia generosamente a sus agricultores, en México se espera que nuestros campesinos compitan con entusiasmo, estampitas del bienestar y alguna conferencia mañanera. El resultado es previsible: bajan los precios de los granos, suben los fertilizantes, el combustible, la electricidad y el transporte, pero el gobierno todavía pregunta por qué protestan.

La crisis ganadera ofrece otro ejemplo brutal. Desde el cierre de 2025, alrededor de 1.7 millones de cabezas de ganado quedaron varadas en México por las restricciones a la exportación hacia Estados Unidos. La sobreoferta presiona a la baja el precio pagado al productor, mientras aumentan las importaciones y los costos sanitarios asociados al combate del gusano barrenador. La ganadería nacional sostiene a más de 700 mil productores, pero el gobierno ha reaccionado con su especialidad: instalar mesas cuando el problema ya está sentado encima de todos.

Los datos oficiales también muestran la dimensión del golpe. En 2025, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras cayó 10.8 por ciento respecto al año anterior. Las exportaciones de bovinos se desplomaron 78.1 por ciento, mientras las importaciones de carne bovina congelada crecieron 121.6 por ciento. Es decir: el ganado mexicano se queda detenido, pero la carne extranjera encuentra la puerta abierta. Una política verdaderamente revolucionaria, aunque revolucionaria contra el productor nacional.

A la falta de rentabilidad se suman la sequía, las presas insuficientes y la incertidumbre climática. El productor depende de lluvias cada vez más irregulares, pero también de una infraestructura hidráulica envejecida y de decisiones públicas que casi siempre llegan tarde. Los reportes agrícolas de Conagua mantienen vigilancia permanente sobre precipitación y almacenamiento en presas, una señal de que la disponibilidad de agua ya no es un problema excepcional, sino una condición estructural para producir.

Y luego está el crimen organizado. En diversas regiones, productores, transportistas y empacadores enfrentan extorsiones, robo de mercancías y control criminal de rutas y territorios. El campo mexicano se ha transformado en un espacio cada vez más “securitizado”, marcado por la presencia de grupos delictivos y economías ilegales.

El gobierno presume exportaciones porque las cifras agregadas esconden las desigualdades. Celebra al campo que vende en dólares, pero abandona al que produce para el mercado nacional. Habla de soberanía alimentaria mientras crece la dependencia, desaparece la certidumbre y trabajar la tierra se convierte en una apuesta contra el clima, el mercado y los delincuentes.

Morena dijo que primero serían los pobres.
En el campo mexicano, al parecer, decidió que también serían los primeros en quedarse solos.