Nadie pidió la reforma electoral, ni la “A”, ni la “B”.
Lo que los mexicanos exigimos es que el narco no se apodere de la función pública.
Sí, como ocurre en los estados gobernados por Morena, donde prevalece la inseguridad por los nexos de las autoridades con los delincuentes.
La falta de voluntad para que haya la seguridad que exige la sociedad tiene como común denominador el ya famoso término de los narcopolíticos.
El que no haya manera de fiscalizar y sancionar el dinero malo en las campañas políticas y, sobre todo, en la designación de las y los candidatos representa un alto riesgo, no solo para la democracia y el juego limpio, sino que equivale a más inseguridad.
Han muerto muchos políticos al no ceder a las exigencias de los delincuentes y otros optan por convertirse en sus protectores y aliados.
Ninguna de las reformas electorales contempla candados para el dinero sucio y el crecimiento de los narcopolíticos alineados a Morena y eso es lo más preocupante.
Es lo que ocurre en estados como Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas y también en Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano.
¿Hay diferencias?
Claro que sí, y vivimos en una de ellas y se llama Coahuila, donde el gobernador del estado, Manolo Jiménez, muestra voluntad y una estrategia integral que da resultados.
Hoy Coahuila es el estado más seguro del país y eso se refleja en el crecimiento y el bienestar social y la fortaleza económica.
Cuentan que un grupo de empresarios estuvo en reuniones de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al terminar, la presidenta Sheinbaum les preguntó de dónde eran y uno de ellos le respondió: “De Coahuila”.
La presidenta los felicitó y puntualizó: “Allá tienen un gobernador muy entrón”.
Así o más.
