México.- El Gobierno mexicano no ejercerá control operativo ni administrativo sobre las 13 centrales de generación eléctrica de Iberdrola que han sido «nacionalizadas».

A pesar de que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) ha asignado 2 mil 420 millones de dólares para la adquisición, la gestión de las plantas estará a cargo de un fondo privado: México Infrastructure Partners (MIP), a través de un fideicomiso de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD).

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó la compra el pasado 13 de febrero, pero estableció como condición que el Estado no interfiera en la operación de las centrales en el mercado.

«Ni en la operación de las centrales eléctricas ni en cualquier decisión relacionada con precios, volúmenes de generación de energía u otros aspectos similares, por lo que MIP tendrá el control de la gestión y administración de dichas centrales», dicta la resolución CNT-101-2023.

Además de los fondos del Fonadin, el pago total de 5 mil 883 millones de dólares a Iberdrola fue financiado con préstamos de Nafin, Bancomext y Banobras.

Según las condiciones establecidas por la Cofece, Fonadin retendrá como máximo el 51% de la participación en el Fideicomiso.

Para lograr esto, en las próximas semanas deberá emitir certificados bursátiles para que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) los adquieran y se reduzca la participación gubernamental en las 13 plantas.

Las plantas de Iberdrola tienen contratos para suministrar toda su energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero una vez vencidos, podrán vender libremente a cualquier cliente, compitiendo con la empresa estatal.

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Otra condición de la Cofece fue que el Fonadin no pueda destituir arbitrariamente a MIP como administrador del fideicomiso, ni permitir que funcionarios de cualquier dependencia, incluida la CFE, participen en su Comité Técnico o brinden algún tipo de asesoría o servicio a las plantas.

Además, para tomar ciertas decisiones importantes, se requerirá el voto de más de la mitad de los tenedores de certificados bursátiles independientes, es decir, inversionistas privados no vinculados al Fonadin.