El gobierno de Morena acaba de descubrir, con la serenidad de quien ve incendiarse la casa y presume que ya olía a humo, que Estados Unidos no aceptó extender automáticamente el T-MEC por 16 años. Marcelo Ebrard salió a decir que todo estaba previsto, que no pasa nada, que el tratado sigue vigente y que ahora habrá revisiones anuales. Claro: cuando se pierde certidumbre, se le llama “previsión”; cuando se fracasa en una negociación, se le llama “proceso”; y cuando la economía queda a merced de presiones cada 12 meses, se le llama “normalidad institucional”. Una joya de la escuela morenista de maquillaje político.

El problema no es menor. El T-MEC no se canceló, es cierto. Pero tampoco fue renovado como debía. Estados Unidos rechazó extenderlo en su forma actual y empujó al bloque a un esquema de revisiones anuales hasta 2036. Eso significa que, año tras año, México tendrá que sentarse a negociar bajo presión, frente a una economía mucho más grande y frente a un gobierno estadounidense que ya dejó claro que quiere usar el tratado como palanca política y comercial.

En este punto, es buen momento para recordar el famoso 90% honestidad y 10% experiencia del capo del Cártel de Palenque, Andrés Manuel. Porque ni él ni nadie de la narcotransformación ha estado preocupado por lo único que verdaderamente importa: la efectividad. Una vez más estamos ante un caso en el que la incompetencia le cuesta a México. Además, es obvio que ni siquiera saben que no saben.

Y aquí aparece la palabra que más espanta a la inversión: incertidumbre. Una empresa automotriz, tecnológica, energética o manufacturera no decide instalar una planta multimillonaria pensando en el próximo trimestre. Necesita reglas estables, horizonte de largo plazo y confianza institucional. Si cada año puede cambiar el tablero, el dinero se congela, se posterga o se va a otro país donde el gobierno no juegue a la tómbola con la economía nacional.

Pero Morena quiere vendernos la idea de que esto fue culpa del clima, de Trump, del destino o de Mercurio retrógrado. No. También es consecuencia de una política exterior torpe, ideologizada y soberbia. México llegó debilitado a la mesa: con pleitos energéticos, inseguridad desbordada, desconfianza institucional y un gobierno más preocupado por defender a sus aliados políticos que por proteger a los trabajadores mexicanos.
El caso de Rocha Moya y compañía no es un asunto aislado.

Cuando Estados Unidos señala presuntos vínculos del poder político con el crimen organizado y el gobierno mexicano responde cerrando filas alrededor del acusado, el mensaje internacional es devastador. ¿Quién quiere invertir en un país donde el gobierno parece más eficiente para proteger gobernadores sospechosos que para proteger cadenas productivas? La oposición ha advertido que esa defensa de los “narcopolíticos” de Morena forma parte del deterioro de confianza que contaminó la negociación.

Lo más grave es que la factura no la pagará Morena. La pagarán los empresarios que no podrán planear, los trabajadores que dependerán de empleos más frágiles, los productores que enfrentarán nuevas barreras y las familias que viven de una economía integrada con América del Norte.

Morena llegó prometiendo soberanía y terminó entregando incertidumbre. Prometió dignidad y consiguió desconfianza. Prometió transformar a México y ahora transforma cada negociación en una crisis.

La pregunta es sencilla: ¿cuántos empleos más tiene que poner Morena en riesgo antes de aceptar que gobernar no es encubrir aliados, sino defender al país?