Guerrero.- El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado en agravio del exsíndico municipal Justino Carbajal Salgado, sobrino del actual senador Félix Salgado Macedonio.
La noche del lunes 7 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que, tras una investigación exhaustiva, logró que un juez de primera instancia dictara la sentencia condenatoria en contra de Abarca Velázquez, a quien se le atribuye haber ordenado el asesinato ocurrido el 8 de marzo de 2013 en la calle Zaragoza, colonia Centro del municipio.
Según el parte oficial, el entonces presidente municipal de Iguala dio la instrucción para privar de la vida a Carbajal Salgado, quien en ese momento se desempeñaba como primer síndico del cabildo. La FGE logró reunir pruebas suficientes que establecieron la responsabilidad penal del exalcalde, lo que derivó en la condena y en la orden de reparación del daño a los familiares de la víctima.
Relación con el caso Ayotzinapa
José Luis Abarca es una figura clave en la historia reciente de Guerrero, señalado por sus vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Fue destituido de su cargo en octubre de 2014 mediante un Juicio de Procedencia, tras los hechos del 26 de septiembre de ese año, cuando seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala.
Actualmente, Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, permanecen en prisión enfrentando diversos procesos judiciales, incluida su relación con el caso Ayotzinapa.
A pesar de la condena, la Fiscalía de Guerrero anunció que presentará una apelación, al considerar que la pena impuesta es la mínima prevista por el delito de homicidio calificado. La ley establece un rango de entre 20 y 50 años de prisión para este tipo de delito, por lo que la FGE buscará una sanción más severa.
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El caso de Justino Carbajal Salgado no es el único asesinato que se imputa al exalcalde. En junio de 2013, tres integrantes de la organización Unidad Popular (UP), entre ellos su dirigente Arturo Hernández Cardona, fueron asesinados en circunstancias similares. Hernández había encabezado movilizaciones para exigir fertilizante gratuito para campesinos de la región, demandas que, según versiones de testigos, irritaban a Abarca.
Con esta sentencia, se cierra uno de los múltiples capítulos judiciales que enfrenta el exedil, cuya administración ha quedado marcada por vínculos con el crimen organizado y múltiples acusaciones de represión política y violencia.
