Ciudad de México.- Tlaxcala quedó obligado a modificar su marco legal en materia de salud y justicia luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones del Código Penal y la Ley de Salud estatal, lo que derivó en la despenalización del aborto y en la eliminación de requisitos que anteriormente impedían el acceso inmediato a la interrupción legal del embarazo. La resolución precisó los límites de la objeción de conciencia y reforzó la responsabilidad de las instituciones públicas para garantizar el servicio sin demoras, dejando sin efecto trámites como la denuncia previa, la autorización ministerial y el consentimiento de personas tutoras en casos específicos.
El fallo estableció que las restricciones invalidadas generaban riesgos para la salud, discriminación y trato desigual, particularmente en situaciones de violencia sexual y familiar. Con los cambios ordenados, las instituciones de salud deben brindar atención oportuna y gratuita, asegurar personal disponible cuando un médico invoque objeción de conciencia y permitir el acceso a anticoncepción de emergencia para niñas y adolescentes sin necesidad de autorización de terceros. La sentencia también mantuvo mecanismos de protección al indicar que, ante casos de violencia, corresponde a las autoridades ser notificadas sin que ello retrase la atención.
Este criterio coloca a Tlaxcala entre las entidades del país donde la interrupción del embarazo dejó de estar criminalizada y obliga al sistema de salud estatal a eliminar prácticas que históricamente dificultaban el servicio. Para las personas usuarias, implica que no pueden ser rechazadas por trámites eliminados o por objeciones institucionales, y que deben recibir atención con calidad y sin barreras administrativas, en concordancia con el estándar constitucional fijado por la SCJN.
