Ciudad de México.- Desde el 2018, México redujo su compra de equipo militar a Alemania, Rusia e Israel. Pero en 2021 la firma alemana Sig Saug solicitó al Congreso de los Estados Unidos la autorización para vender armas automáticas a México, en una operación con un valor de 5.5 millones de dólares.
Ese mismo año, el presupuesto destinado para la compra de 30 helicópteros Mi-17 y Mi-18 se redirigió para dar mantenimiento, reparar y refaccionar el equipo ya existente. Las aeronaves asignadas a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron reparadas y utilizadas únicamente para tareas oficiales necesarias, como las misiones de ayuda y combate de incendios forestales.
Sin embargo, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, una parte de la flota aérea militar de México ha tenido que postergar su mantenimiento. “La más cercana y notoria de estas bajas se registra en la Marina Armada de México (Semar), que se ha visto obligada a mantener en tierra a tres de sus helicópteros rusos Mi-17 que estaban por recibir mantenimiento en una planta de Ucrania”, aseguró el columnista mexicano Jorge Medellín, especialista en temas militares, en la revista Estado Mayor.
Por el momento, México utiliza los aviones rusos Mi-17 y Mi-18 para exhibiciones en desfiles y operaciones aéreas de espectáculos, así como actividades del programa de emergencia llamado Plan DN III, destinado sobre todo a la ayuda humanitaria en apoyo a la población civil y en la transportación de carga externa y de entrenamientos, incluyendo el lanzacohetes RPG-29, denominado “Vampiro”.
El helicóptero Mi-17 está diseñado básicamente como aparato de transporte, construido con un esquema de hélice de timón y dos turbinas que aseguran su operación en bases y estaciones militares situadas hasta una altura de 3 mil 980 metros. Con este helicóptero, las fuerzas militares de cualquier país pueden operar en terrenos montañosos y transportar un mayor número de tropas (hasta 30 elementos), según su ficha técnica de fabricación. Pero en 2019, se redujeron las operaciones de estas aeronaves luego de un accidente fatal en el estado de Querétaro, en donde murió un mando de la Semar.
Contrario a las nuevas adquisiciones, el gasto del gobierno mexicano en mantenimiento de equipo militar no es un dato público ni transparente, tampoco el equipo y artillería pesada que se repara ni la periodicidad de mantenimiento.
La información de cuánto se destina del erario a reparar armamento militar nuevo, usado o antiguo no se encuentra disponible en ninguna plataforma de información pública del país, por lo que la ciudadanía desconoce hasta ahora el pago que se hace a este rubro de los impuestos.
Pero en mayo de este año, la Sedena pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 671.4 millones de pesos para el reemplazo de armamento, “con el fin de elevar la moral de las tropas del Ejército y minimizar los esfuerzos físicos para realizar sus actividades”. Se trata de un documento testado por “seguridad nacional y protección de datos personales” cuya versión pública puede consultarse en el sitio digital de la Cartera de Inversión de Hacienda.
La versión pública del documento de solicitud testa el tipo de armamento que podría ser susceptible de reemplazo, pero se deduce que el Ejército no cuenta con una planta productora de armamento militar de alta tecnología para sus tareas de combate.







