Estados Unidos.-  Este viernes, Brad Sigmon, un prisionero condenado a muerte en Carolina del Sur, fue ejecutado mediante un pelotón de fusilamiento, convirtiéndose en la primera ejecución de este tipo en Estados Unidos desde 2010 y la cuarta desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976.

Sigmon, de 67 años, fue sentenciado por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia, a quienes golpeó brutalmente con un bate de béisbol en su casa del condado de Greenville. Según la investigación, también planeaba atacar a su expareja, pero la mujer logró escapar. «No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera», declaró en su momento.

La ejecución ocurrió poco después de la hora programada, a las 18:08 hora local (23:08 GMT). Sigmon fue atado a una silla, con una diana colocada sobre su corazón y una bolsa en la cabeza. Tres voluntarios situados detrás de una cortina dispararon simultáneamente rifles con balas diseñadas para fragmentarse en el impacto y causar el máximo daño. Un médico confirmó su muerte tras un examen de 90 segundos.

Antes de morir, Sigmon pronunció sus últimas palabras: «Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa». También citó la Biblia para criticar la pena de muerte y afirmó: «Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento». Tres familiares de las víctimas estuvieron presentes durante la ejecución.

La defensa de Sigmon intentó detener la ejecución argumentando preocupaciones sobre la transparencia del proceso y la idoneidad de su representación legal en 2002. La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó su petición esta semana.

Carolina del Sur aprobó en 2023 una ley que protege la identidad de los verdugos y prohíbe divulgar información sobre la adquisición de fármacos para la inyección letal, una práctica cada vez más cuestionada debido a la negativa de las farmacéuticas a suministrarlos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra esta legislación, argumentando que obstaculiza la transparencia del sistema de justicia penal.

El caso de Sigmon reaviva el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, en un contexto en el que varios estados han reducido o eliminado su aplicación en los últimos años.