México.- El caso de los mineros plagiados en Sinaloa ha generado una profunda contradicción entre las autoridades federales y los trabajadores del sector. Mientras que el Gabinete de Seguridad sostiene que los empleados fueron víctimas de una «confusión» entre bandas rivales, sus compañeros denuncian que se trató de un ataque directo derivado de una extorsión que sufren desde hace un año.

Ayer, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de cuatro presuntos integrantes de la facción de «Los Chapitos». Según la declaración de los detenidos, el rapto de los trabajadores se debió a que supuestamente los confundieron con miembros de una célula antagónica, identificada como «Los Mayitos».

La realidad en la mina: Extorsión y uniformes marcados
Sin embargo, mineros en activo de la empresa canadiense Vizsla Silver ofrecieron testimonios que pintan un panorama muy distinto. Según las entrevistas recabadas, el crimen organizado ejerce un control estricto sobre su labor diaria desde hace meses:

  • Cobro de cuotas: Los empleados aseguran que la extorsión es una constante desde hace un año.
  • Marcaje de seguridad: Revelaron que recibieron instrucciones de los criminales para cambiar el color de sus chalecos de naranja a amarillo, como una condición impuesta por los grupos delictivos para permitirles trabajar en la zona.
  • Ataque directo: Testigos confirmaron que el pasado 23 de enero, entre las 6:30 y 7:30 horas, sujetos armados irrumpieron en el campamento «La Clementina» y sacaron a sus compañeros directamente de sus camas.

«No fue una confusión; llegaron directamente por ellos a donde dormían», señalaron los compañeros bajo condición de anonimato.

Silencio y amenazas por parte de la empresa
La actuación de la minera canadiense Vizsla Silver también ha sido objeto de críticas. De acuerdo con los empleados, la compañía guardó silencio durante cinco días, emitiendo un escueto comunicado hasta el 28 de enero.

Además, denunciaron que la empresa amenazó al personal con represalias si hablaban con los medios de comunicación. Una táctica similar se aplicó con las familias de las víctimas, a quienes se les pidió no declarar bajo el argumento de que sus palabras podrían «entorpecer» las negociaciones de liberación que realizaban supuestos expertos.