Tuxtla Gutiérrez.- La búsqueda de personas desaparecidas en Chiapas se enfrenta a un panorama alarmante: grupos criminales controlan territorios y las autoridades locales dificultan el acceso a las familias que buscan a sus seres queridos.

Isabel Torres, integrante del colectivo Madres en Resistencia, no ha visto a su hija Cassandra, de 18 años, desde su desaparición el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal. En su intento por encontrarla, Torres ha enfrentado múltiples obstáculos, incluidas restricciones impuestas por las propias autoridades y la necesidad de obtener autorización de cárteles para ingresar a ciertas áreas.

“En enero de este año, durante una búsqueda en la localidad de 20 de Noviembre, Emiliano Zapata, junto al Fiscal de Personas Desaparecidas, Jesús Jubilian Sarmiento Santos, nos dijeron que no podíamos avanzar sin el permiso del cártel”, relató Torres.

Recientemente, en la misma localidad de 20 de Noviembre, el Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó el hallazgo de un entierro ilegal que contenía un cuarto de tortura. Entre los objetos encontrados había herramientas de tortura, credenciales de elector, restos humanos incinerados, y evidencia de que uno de los cuartos fue adaptado para niños, con tapetes y dibujos infantiles.

Este hallazgo forma parte de una serie de 14 fosas clandestinas localizadas durante las primeras tres semanas del gobierno estatal de Eduardo Ramírez. En total, se han recuperado 17 cuerpos en entierros ilegales situados en municipios como La Concordia, Palenque y Chiapa de Corzo, que figuran entre las zonas con más desaparecidos en el estado.

Torres señala que, además de la presencia de grupos criminales, los gobiernos municipales han obstaculizado las labores de búsqueda. En Berriozábal, el alcalde reelecto Jorge Acero (Morena) pidió a las buscadoras no ingresar debido a la inseguridad, mientras promovía el turismo en la misma zona.

La situación de Chiapas refleja una crisis profunda: durante el sexenio pasado (2019-2024), se encontraron 15 fosas clandestinas en seis años, mientras que en apenas tres semanas del nuevo gobierno ya se han identificado 14.

Las Madres en Resistencia exigen mayor apoyo de las autoridades y condiciones de seguridad para continuar su labor. La localización de estas fosas y los testimonios sobre los métodos utilizados por los perpetradores evidencian la urgente necesidad de combatir la impunidad y el control criminal en el estado.


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“El dolor de no saber dónde están nuestros hijos es indescriptible. Seguiremos buscando, aunque tengamos que enfrentarnos a quienes quieren mantenernos en silencio”, afirmó Torres.

Mientras las búsquedas continúan, la realidad en Chiapas expone no solo el alcance de la violencia, sino también el desafío de las madres buscadoras que luchan por encontrar a sus seres queridos en medio de un panorama dominado por el crimen organizado y la indiferencia institucional.