México.- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal «La Barredora», no solo estuvo vinculado a negocios de combustibles y bienes raíces, sino que también mantuvo una concesión para la explotación de agua.

Según registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a los que tuvo acceso El Universal, Bermúdez Requena operó una concesión de agua por diez años, desde marzo de 2007 hasta marzo de 2017. El permiso le permitía extraer hasta 715 metros cúbicos de agua del arroyo El Espejo, en el municipio de Centro, Tabasco, bajo el concepto de “servicios”.

Negocios y Vínculos Empresariales
La revelación de la concesión se suma a otros antecedentes empresariales del exfuncionario, procesado recientemente por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión, por los que podría enfrentar hasta 158 años de prisión.

Combustibles: En julio pasado, se reveló que Bermúdez Requena fundó la empresa Grupo Maber, S.A. de C.V. en 2004, junto a su hermana Elba Guadalupe. La compañía buscaba participar en licitaciones de obras públicas con Pemex y CFE, incluyendo la perforación de pozos y plantas de tratamiento de petróleo.

Bienes Raíces y Construcción: A finales de los años 80, Bermúdez Requena fue cofundador y accionista de la empresa Rager, S.A. de C.V., enfocada en la construcción de carreteras, redes de energía y la compra-venta de casas y terrenos. No obstante, vendió sus acciones a su hermano Humberto en 1993.

Proceso penal y Secreto Patrimonial
Hernán Bermúdez Requena, conocido con los alias de «Comandante H», «El Abuelo» o «El Munra», permanece en prisión preventiva oficiosa en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México, tras la ratificación del juez Ramón Adolfo Brown Ruiz.

En un movimiento que levanta sospechas, la Secretaría Anticorrupción de Tabasco reservó por cinco años las declaraciones patrimoniales de Bermúdez Requena. La dependencia argumentó que divulgar la información hasta 2030 podría entorpecer la investigación en curso, una decisión que ha sido criticada en medio del proceso judicial que enfrenta el exsecretario de Seguridad de la entidad (2019-2024).