Ciudad de México.- El regreso de familias mexicanas tras la deportación de alguno de sus miembros desde Estados Unidos se ha convertido en un proceso costoso y complejo. Aunque las autoridades han anunciado programas de apoyo, como el presentado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, la realidad en las fronteras es distinta: las Aduanas mexicanas exigen pagos que superan los 130 mil pesos para permitir el ingreso de menajes de casa, además de imponer trabas y cargos por el uso de bodegas y servicios aduanales.
En ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, los cobros incluyen hasta 100 mil pesos por importar vehículos, especialmente si son modelos anteriores a 2015. Las agencias aduanales también imponen tarifas que rondan los 30 mil pesos por la descarga de mudanzas, a pesar de que estos servicios deberían estar regulados o exentos para quienes regresan a establecerse en el país. El problema se agrava cuando se restringe el ingreso de herramientas de trabajo, esenciales para que los migrantes puedan emplearse en oficios como plomería, jardinería o construcción.
Organizaciones defensoras de migrantes denuncian la falta de orientación desde los consulados y la presión que sufren las familias ante la amenaza de redadas migratorias en Estados Unidos. Muchas terminan vendiendo sus pertenencias allá para regresar a México, pero al llegar se enfrentan a un sistema aduanal que, lejos de facilitar su reintegración, los obliga a gastar los pocos recursos con los que planeaban reconstruir su vida.
